Miguel Ángel Ramiro, director de la clínica legal de Cesida, considera necesaria una modernización en las barrera de acceso a los Cuerpos de Fuerzas del Estado.
Bajo lupa el cuadro de exclusiones médicas de las oposiciones de los Cuerpos de Fuerzas del Estado. Desde Ciudadanos se ha promovido la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) por la que se insta al Gobierno a eliminar los requisitos de las bases de convocatorias para la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas que supongan la eliminación directa de las personas infectadas por VIH.
Miguel Ángel Ramiro, director de la clínica legal de Cesida, recuerda que la aprobación de la PNL “no cuenta con el valor jurídico para cambiar los cuadros de exclusiones médicas”. En este sentido, considera necesario modernizar una de las barreras físicas de las oposiciones para los Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que algunos cuentan con más de una década de antigüedad. “Por ejemplo, el cuadro de la Policía Nacional no se ha modernizado desde 1998”, apunta.
A su entender, se puede tomar como hoja de ruta los modelos implementados tanto en Reino Unido y en los países anglosajones, ya que “cuentan con un modelo que resulta menos discriminativo”. De esta manera, Ramiro considera necesario que, en lugar de eliminar de forma directa ante algunas patologías, se mida si realmente impiden la realización de la actividad profesional.
“En el caso del VIH, es necesario tomar en consideraciones la carga viral detectable, el año de la infección y la adherencia al tratamiento, entre otros aspectos que permitirán determinar el estado individual de cada uno de los aspirantes a la oposición que cuenten con la patología”, recalca el director de la clínica legal de Cesida.
Trabajo conjunto
Ramiro precisa que los avances que se realicen en este sentido deben contemplar a todas las partes implicadas. De esta manera, considera que si bien el ‘Informe Técnico con los Criterios médicos para el acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas’ contó con la participación del Ministerio de Sanidad, de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, ha echado de menos a las sociedades científicas y asociaciones contra la discriminación a personas con VIH.
En este sentido, insiste en la importancia de sumar la mayor cantidad de los esfuerzos y tomar como referencia a los modelos de otros países que han modernizado sus cuadros de exclusiones para hacerlos más inclusivos, sin poner en riesgo la Salud Pública y a los compañeros de la institución.
