La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado su ‘Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas’, que detalla el déficit de funcionarios.

A través de un comunicado, la organización sindical apunta que este refuerzo, destinado para las plantillas de la Sanidad, Educación, Justicia y Administración General del Estado, debe estar contemplado en el Plan de Recuperación del Gobierno.

El informe de CSIF hace un diagnóstico en los diferentes ámbitos, partiendo de la base de que en los últimos 10 años se han destruido 100.916 puestos de trabajo. Asimismo, repasan indicadores como el incremento de la población mayor de 65 años, las diferencias en inversión y ratios de profesionales respecto a la media europea o el incremento de asuntos pendientes en la Justicia.

Según CSIF, Sanidad, en concreto, requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarse en la media europea y recuperar los niveles de calidad «con los que se planteó el Sistema Nacional de Salud (SNS) desde sus inicios y que hoy se encuentran seriamente deteriorados, como ha quedado evidente en esta pandemia». Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales, de acuerdo con sus cifras.

«Desde CSIF coincidimos con el Gobierno en la necesidad de diseñar un plan de reconstrucción social y económico y un comité de evaluación porque como no nos hemos cansado de denunciar estos años, se han debilitado los servicios públicos que definen nuestro Estado del Bienestar. Por eso, desde nuestra responsabilidad, queremos sentarnos ya a trabajar sobre un plan de recursos humanos para el conjunto de las administraciones», apuntan.

El sindicato critica que la Administración General del Estado destina en asesores 55.805.512,86 euros al año, según datos oficiales recabados por CSIF. «Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeros; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la TGSS, nuestras cárceles o nuestros juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más», denuncian.

Por otra parte, CSIF ha presentado un estudio económico sobre la pérdida retributiva de los empleado públicos en el periodo 2010-2020. El estudio analiza la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico, trienios, etc) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.

El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces, etc.) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros, etc.) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias, etc.) 24.611,22 euros. «Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente», detallan.

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