El 31 de diciembre 2020, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre los que se encuentran los PERTES.
Ese instrumento jurídico crea un marco institucional a través del cual busca facilitar la recuperación, reparación de daños y la salida de la crisis causada por la pandemia; así como también, pretende impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en afrontar los desafíos existentes.
El Real Decreto Ley desarrolla unos 69 artículos que son agrupados en cuatro títulos, cada uno subdivididos en varios capítulos; además, presenta seis disposiciones adicionales, una única disposición transitoria y otra única disposición derogatoria, y por ultimo, registra 13 disposiciones finales.
En su contenido, se crea el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, identificado como PERTE, a través del cual, se concretará la colaboración público-privada en la ejecución y desarrollo de los proyectos calificados como “tractores” en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, presentado los primeros días del mes de octubre 2020.
El PERTE es presentado como un instrumento estratégico capaz de impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española; según las normas aprobadas en diciembre, el PERTE puede ser planteado bien como un proyecto único o bien, como un grupo de proyectos que comparten no solo el objetivo, sino que desarrollan un plan de trabajo, una estructura o un programa común.
La aprobación y en consecuencia, el reconocimiento de un PERTE le corresponde al Consejo de Ministro, mediante Acuerdo, para ello, el titular o los titulares del departamento o departamentos competentes en razón de la material deberán presentar una solicitud, que debe ser respaldada con una memoria explicativa, la cual no solo debe describir la planificación de las medidas de apoyo, la colaboración pública-privada que se proyecta y los potenciales interesados que se han identificado, sino que también, deben exponer sobre la adecuación del PERTE al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española.
6 criterios para valorar la propuesta
El Real Decreto Ley plantea 6 criterios para valorar si la propuesta califica como PERTE, a saber:
1) Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española.
2) Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos.
3) Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i.
4) Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado.
5) Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos.
6) Que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en particular en lo que se refiere a los objetivos marcados a nivel europeo en relación con el Instrumento Europeo de Recuperación.
Para ser parte del PERTE el Real Decreto Ley creó un Registro estatal de entidades interesadas, y expresamente señala que independientemente de la naturaleza jurídica, pública o privada y de su forma constitución, toda entidad que aspire estar vinculada al proyecto respectivo debe estar inscrita en el mismo.
El mencionado registro ha quedado bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, quien deberá dictar un Reglamento para su desarrollo y en el cual deberá velar por su publicidad y el cumplimiento de los principios de concurrencia, no discriminación y competencia de los mercados.
El Real Decreto Ley, ha diseñado un modelo de gobernanza a través del cual busca que el Plan pueda ser desarrollado y ejecutado efectivamente, y en ese diseño, la cooperación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas a los fines de canalizar adecuadamente la participación de éstas en los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está claramente definida a través de un Consejo Sectorial que se ha creado en esta materia.
Mientras que en el caso de las entidades locales, la cooperación en esta materia no es clara, pues su papel al menos en ese Consejo Sectorial mencionado, está condicionada a una invitación previa y en ese caso, participarán las entidades locales a través de un delegado designado a tal fin por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por otro lado, el Real Decreto Ley, no olvidó que hay actores económicos y sociales, según sea el caso, que deben ser oídos en sus orientaciones y recomendaciones, a los fines de fortalecer el desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a tal fin, reconoce la creación del Foro de Participación como espacio para el dialogo y la posibilidad de crear Grupos de Alto Nivel, figuras estás que según las normas aprobadas, estarán vinculadas a la Comisión del Plan previamente mencionado.
¿Podrán los PERTE y el modelo de gobernanza creado en el Real Decreto Ley 36/2020, concretar efectivamente las alianzas público-privadas necesarias para enfrentar los desafíos impuestos por la pandemia y de esa forma, contribuir con la tarea de alcanzar los objetivos previstos en el proyecto de país definido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Económica de España?
