La Comisión Europea ha explicado que las reglas de la Unión Europea (UE) impiden al Banco Central Europeo (BCE) condonar la deuda de los Estados miembros.

La polémica surge luego de que se diera a conocer un manifiesto promovido por el francés Thomas Piketty junto a cientos de economistas.

«La anulación de la deuda por el BCE está prohibido por los Tratados, en especial por el artículo 123 (del Tratado Fundacional de la UE) que lo prohíbe», ha zanjado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Economía y Asuntos Financieros, Marta Wieczorek.

Wieczoreck ha recordado en su intervención que esta circunstancia ha sido ya señalada de manera «clara» por la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, no solo en declaraciones a la prensa durante el fin de semana pasado, sino también en diversas comparecencias ante el Parlamento europeo.

En estas ocasiones, ha remarcado la portavoz, Lagarde «ha sido clara al respecto» y ha «aclarado que, efectivamente, la anulación de la deuda por el BCE está prohibido por los Tratados», por lo que Bruselas no tiene «nada que añadir».

El Ejecutivo comunitario responde de este modo al manifiesto de un centenar de economistas europeos titulado ‘Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos’, encabezado por el economista francés Thomas Piketty.

En el caso de España suscriben una veintena de economistas, destacando la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, junto a economistas como Jordi Sevilla, José Moisés Martín Carretero o Jorge Fabra Utray.

Los firmantes ven «positivo y útil» el debate sobre la anulación de las deudas en manos del BCE que se ha desarrollado en Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica, así como «en los pasillos de las instituciones europeas, entre los representantes del propio BCE y los distintos ministerios de finanzas de la zona euro», en un contexto en el que casi el 25% de la deuda pública europea se encuentra en manos del banco central, lo que en el caso español se cuantifica en más de 300.000 millones de euros.

Su propuesta pasa por un contrato entre los Estados europeos y el BCE, de forma que la institución monetaria se comprometa a condonar las deudas públicas que posee (o a transformarlas en deudas perpetuas sin intereses), mientras que los Estados se comprometen a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social.

Lagarde, sin embargo, consideró este fin de semana «inconcebible» la condonación de la deuda de los países de la UE vinculada a la Covid-19 y emplazó a los defensores de esta idea a dedicar sus esfuerzos a aprovechar bien los fondos europeos.

«Si la energía gastada en exigir la cancelación de la deuda por parte del BCE se dedicara a un debate sobre el uso de esta deuda, sería mucho más útil», aseguró Lagarde en una entrevista publicada el domingo por el semanario francés ‘Journal du Dimanche’.

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