La limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros, que entraría en el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, podría generar un impacto negativo, advierten desde Anged, CEC, Acotex y FECE.
Además de las asociaciones de comerciantes, el Banco Central Europeo (BCE) considera que es una medida desproporcionada. Los expertos consideran que puede afectar a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo.
En un dictamen de febrero de 2019, el Banco Central Europeo ya advertía a España de que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado. Entre otras razones, el supervisor bancario recordaba que “la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago”.
El BCE añadía que “permite al pagador controlar sus gastos. No tiene una comisión por su uso, siempre puede usarse y facilita la integración en la economía del conjunto de la población”.
Las organizaciones del sector recuerdan que la limitación de pagos en efectivo establecida en Francia (1.000 euros) no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
Consideran que “en un momento de gran incertidumbre para la economía y desplome de la demanda, no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta. Una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico”, concluyen.