El Gobierno aprueba la propuesta de la Comisión Europea de establecer un impuesto a los productores más contaminantes de la Unión Europea

El Gobierno ve con buenos ojos la propuesta de la Comisión Europea para establecer «un mecanismo de ajuste en frontera», o ‘Border Carbon Tax’ con el fin de penalizar las producciones más contaminantes de empresas de terceros países de la Unión Europea.

Así lo reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, al diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que había preguntado la razón por la que no se había trasladado esta necesidad «en defensa de la industria española».

En su respuesta, el Gobierno aclara que «apoya la introducción y el diseño de esta figura», pero que «todavía está por definir en sus detalles», y que «debe ser estudiada y definida con detenimiento con el fin de asegurar su plena compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)».

«Además, no debe ser considerada como un instrumento recaudatorio, sino como un medio para restablecer la competencia leal a nivel internacional (‘level playing field’), apostilla el Gobierno, sobre una propuesta que, considera, «supondría un cambio en la política medioambiental europea actual».

COMPATIBLE CON LAS ASIGNACIONES DE DERECHOS DE EMISIÓN

En este sentido, afirma el Gobierno que «un arancel sobre las importaciones de carbono de este tipo podría contribuir a la reducción efectiva de las emisiones de CO2 y a que las empresas europeas puedan competir, especialmente en el Mercado Interior comunitario, en las mismas condiciones que otras empresas ubicadas en terceros países».

Así, explica que esta tasa «obligaría a los terceros países a considerar el coste de regulaciones medioambientales menos restrictivas (‘dumping medioambiental’), y a adoptar acciones orientadas a disminuir la huella de carbono».

En todo caso, el Gobierno recalca que la introducción de este instrumento «no se debe asociar en ningún caso a una disminución acelerada de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión», ya que considera que estas «seguirán siendo necesarias para mantener la competitividad» de las empresas en sus exportaciones «para acceder a los mercados en terceros países con regímenes no respetuosos con compromisos asumidos a nivel internacional».

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