La difícil situación de la mina de plata de Guatemala ha desestabilizado al resto de la región.
El drama que embarga a una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, ha impactado a los mineros en toda Latinoamérica y está representando una advertencia para que las empresas aborden los problemas indígenas con más cautela o paguen las consecuencias.
El trabajo en la mina Escobal –donde la estadounidense Tahoe Resources ha invertido más de 500 millones de dólares– fue suspendido abruptamente en 2017 por jueces en espera de la consulta de las comunidades indígenas cercanas, una decisión confirmada por el máximo tribunal de Guatemala en septiembre.
Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que dice tener unas 400.000 personas, se oponen a la mina ante preocupaciones de que dañará sus recursos ancestrales de tierra y agua.
El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece «inmediatamente» las consultas, aunque el proceso ya está atascado en un litigio para definir cuáles comunidades deben participar.
La disputa ilustra los escollos que las empresas pueden enfrentar con rivales cada vez más sofisticados, a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector.
«Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social», indicó Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima. El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.
«En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (…) casi no puede ganar», señaló un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá y con proyectos en todo el continente americano hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.
El ejecutivo tiene décadas de experiencia en negociaciones sobre consultas indígenas requeridas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue invocado en la decisión de la corte de Guatemala.
El convenio 169 requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.
En el vecino México, alrededor de 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minera Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.
Fraga destacó que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.
