La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por BBVA para hacerse con el control de Banco Sabadell, despejando el camino para su eventual fusión. La operación, evaluada en el contexto del nuevo marco de inversiones extranjeras de la Unión Europea (UE), ha sido considerada como no generadora de distorsiones en el mercado interior ni de riesgos para la competencia justa en el espacio económico europeo.

El análisis comunitario de Bruselas

La propuesta fue notificada a Bruselas el pasado 21 de octubre, y la Comisión disponía hasta el 26 de noviembre para decidir si abría una investigación más profunda. Finalmente, se optó por permitir que el proceso avance sin necesidad de mayor escrutinio, según fuentes financieras citadas por Europa Press.

Aunque la operación no requería una autorización tradicional de concentración, sí fue revisada bajo el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR), que desde 2023 exige a las empresas proporcionar información detallada sobre posibles ayudas recibidas de terceros países. Este reglamento aplica a operaciones en las que las empresas implicadas superen los 500 millones de euros de facturación en la UE y hayan recibido más de 50 millones de euros en subvenciones extranjeras en los últimos tres años.

BBVA y la CNMC: análisis complementarios

Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había iniciado hace dos semanas un análisis más detallado, llevando la operación a su fase 2. Aunque BBVA notificó que cumpliría con el procedimiento requerido, aclaró que la eficacia de la adquisición no depende de la autorización de Bruselas.

Un paso hacia la consolidación bancaria

Este visto bueno europeo marca un paso clave en el proceso de fusión, una operación que podría fortalecer significativamente la posición de BBVA en el mercado español y europeo. No obstante, aún está pendiente el análisis final de la CNMC, que determinará si la OPA cumple con los requisitos de competencia en el ámbito nacional.

El caso ilustra cómo las regulaciones europeas buscan equilibrar la atracción de inversiones extranjeras con la protección de la competencia en el mercado único, especialmente en sectores estratégicos como el financiero.