La voluntad política en el Caso Venezuela, se hace presente en la persona de cinco jefes de Estado.
El año 2003, cuando iniciamos el camino de buscar una jurisdicción internacional complementaria para que los crímenes que se cometían en Venezuela pudieran ser juzgados ante órganos imparciales, y dar satisfacción a las ansias de justicia de las víctimas y sus familiares, sabíamos que el camino no sólo implicaba un reto jurídico, sino que al mismo tiempo, requería de una fuerte voluntad política que apoyara las denuncias. En esa época, la geopolítica favorable que mantenía el gobierno de Hugo Chávez, apuntalada desde el Foro de Sao Paulo, interfería en el reconocimiento de la gravedad y trascendencia de los crímenes que ocurrían en Venezuela, que han finalmente traído como desenlace la crisis humanitaria que hoy vivimos. Hubiésemos preferido estar equivocados.
Es, de hecho, un requisito consagrado en el Artículo 5 del Estatuto de Roma que la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) se circunscriba a “los crímenes más graves de transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto” para que la Corte pueda hacerse cargo de ellos. Hoy en día, la crisis venezolana ha trascendido las fronteras y afecta con una crisis humanitaria y migratoria a distintos países, con una población que huye del exterminio que lleva a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos y líderes de la oposición política.
Los apoyos de la comunidad internacional sobre estas denuncias son particularmente necesarios cuando se pretende impulsar el funcionamiento de nuevas cortes internacionales, especialmente, cuando los señalados como responsables de los crímenes son Jefes de Estado en activo, ministros, oficiales de las fuerzas armadas, jueces o fiscales. De allí que nuestro afán de poner en marcha el proceso para que los crímenes de lesa humanidad fueran investigados por la Fiscalía de la CPI, adoleció al principio de este impulso necesario.
No bastaba presentar argumentos jurídicos sólidos, ni pruebas fehacientes de los crímenes y de sus presuntos autores; era necesaria una voluntad política que respaldara lo que denunciábamos, para que los resortes de ese órgano de la justicia universal tuvieran mayor atención sobre nuestras denuncias y se pusieran en marcha.
Pero hoy, en el año 2018, la transcendencia de la crisis venezolana para la comunidad internacional ha provocado que surjan apoyos a las denuncias al más alto nivel, en la persona de cuatro o cinco Jefes de Estado de países latinoamericanos, que están dispuestos a denunciar a Nicolás Maduro y sus cómplices, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.
Son ellos los presidentes Iván Duque de Colombia; Mauricio Macri de Argentina; Sebastián Piñera de Chile; Martín Izcarra del Perú; y Mario Abdó Benítez de Paraguay. Incluso parece que el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica, también estudia la posibilidad de adherirse a esta denuncia
La acción tendrá como fundamento el Informe de la OEA sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, elaborado por los expertos que actuaron a instancias de Luis Almagro, Secretario General de la Organización, Srs. Irwin Cotler (canadiense), Santiago Cantón (argentino) y Manuel Ventura Robles (costarricense).
Los medios de comunicación han exaltado esta situación, entre otras cosas porque sería la primera vez que “Estados Parte” del Estatuto de Roma, denuncien a un Jefe de Estado en activo de un país que también forma parte de este tratado internacional. Y resaltan especialmente la actitud que en esta materia ha tenido el presidente de Colombia, quien junto con otros parlamentarios ya denunció a Nicolás Maduro el pasado año, cuando Duque era Senador.
No podemos olvidar la actuación que en esta materia del Príncipe jordano Zeid Raád Al Husseim, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ha presentado dos informes contundentes sobre estos crímenes y, particularmente, sobre la renuencia e incapacidad del sistema de justicia venezolano para abordar su investigación, lo que daría paso a la jurisdicción complementaria de la CPI.
El Alto Comisionado ha dicho recientemente antes de abandonar el cargo, que ante lo ocurrido en Venezuela se ha reaccionado tarde, pero que ha llegado la hora de accionar los resortes de la justicia internacional.
Los que hemos actuado ante la Fiscalía de la CPI desde hace 15 años, valoramos enormemente el respaldo a la causa de la justicia que esta denuncia por parte de Jefes de Estado puede significar para el Caso Venezuela, que desde el mes de febrero de 2018 se encuentra en fase de eximen preliminar en la Fiscalía de la CPI, gracias al impulso de denuncias efectuadas por distintos juristas y organizaciones de la sociedad civil.
La denuncia de estos “Estados Parte” ante la Fiscalía de la CPI, obviamente acelerará el proceso, pues dada la alta representación de los denunciantes, se abreviará la primera fase del examen preliminar y colocará a la Fiscalía en la situación de tener que abordar de inmediato, la tercera y cuarta fases, referidas a la complementariedad, gravedad y el interés de la justicia, como requisitos necesarios para que sea iniciada la investigación formal.
Ahora bien, lo más importante de todo, es que al ser “Estados Parte” los denunciantes, la decisión de la Fiscal, en caso de rechazar el inicio de la investigación, es revisable ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, dándose por terminado el monopolio que ha ejercido la Fiscalía sobre la admisibilidad de las denuncias de particulares en el Caso Venezuela.
Esta Sala de Cuestiones Preliminares está integrada por un grupo de magistrados, de quienes dependerá la decisión final, garantizándose a su vez, por un lado, el debido proceso con respecto a los denunciados; y por otro, la posibilidad de acceso a la justicia por parte de las víctimas.
El escenario que se avecina se presenta inédito, en la continua lucha por lograr obtener justicia para unos crímenes que no prescriben, ni pueden quedar impunes.
