La Fiscalía Provincial de Madrid considera «razonable» investigar «todos los contratos» suscritos entre Unidas Podemos y la empresa Neurona, de modo que apoya que el juez que investiga al partido pida información a la Junta Electoral Provincial de Madrid sobre las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019.
«El hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación», dice la Fiscalía de Madrid en el escrito donde impugna un recurso de Podemos.
Con dicho escrito la Fiscalía respalda el auto del magistrado por el que decidía seguir adelante con la providencia en la que ordenaba el 4 de noviembre de 2020 librar oficio a la Junta Electoral Provincial de Madrid para conocer, por un lado, la identidad del administrador electoral de Unidas Podemos-Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, y por otro, la cuenta o cuentas electorales designadas para la recaudación de fondos.
El Ministerio Público recuerda que el «principal objeto» del procedimiento donde está imputado Podemos es «determinar la realidad o no del contrato» suscrito para las elecciones generales del 28A y que podría ser constitutivo de delito electoral.
Añade que el resultado de esta investigación «puede ser incluso en interés» para Podemos dado que podrían extraerse conclusiones en su beneficio, respecto a «la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados», y no ve impedimento para ordenar esa diligencia en el hecho de que las cuentas de las elecciones autonómicas ya fuesen auditadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Recursos impugnados por Fiscalía
El de Podemos no ha sido el único recurso impugnado por la Fiscalía, que ha hecho lo mismo con los presentados por la acusación Prolege y Vox, en su caso contra el auto en el que el juez cerraba la investigación por las obras de la actual sede del partido en Madrid y la circunscribía únicamente al contrato con Neurona.
En este caso, la Fiscalía respalda el archivo de la investigación en relación a las obras en la sede de Podemos al no ver delito de administración desleal. Entiende que los testigos han dado «cumplida explicación» del desfase entre el proyecto inicial de reforma y la ejecución, y añade que el hecho de que haya diferencias de ese tipo es «frecuente en la ejecución de obras». «Ningún elemento existe que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente», asegura la Fiscalía.
Podemos también recurrió esta resolución, pero porque estimaba que el sobreseimiento (archivo) debería ser libre (con carácter definitivo), y no provisional.
La Fiscalía sí que se adhiere en esta ocasión al recurso del partido y recuerda que «la cuestión relativa a la licitación queda fuera» del ámbito penal, aunque admite que las declaraciones de los testigos generaron «dudas» sobre cómo tuvo lugar el procedimiento y que algún contratista dijo que «ni siquiera se presentó a la licitación».
