Las denuncias de la oposición recaen sobre una exviceconsejera y dos psicólogas por “irregularidades” en la prueba psicoténica.
Cinco opositores a Bombero de Melilla han interpuesto una querella por los delitos de prevaricación contra una exviceconsejera de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma, María Ángeles Gras Baeza, y dos psicólogas del proceso, por entender que podrían haberse producido irregularidades en las pruebas psicotécnicas del proceso selectivo de diez plazas de Bomberos-Conductores del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios y Salvamentos de Melilla.
Según ha informado en un comunicado, Antonio Suárez-Valdés, abogado de los opositores, los denunciantes, «tras haber superado con éxito y unas notas excelentes la totalidad de las pruebas de contenido objetivo a los que fueron sometidos por el tribunal de selección, y cuando ya tenían su plaza de bombero prácticamente asegurada, sin embargo fueron apartados de la oposición en la única prueba de la misma en la que existe un componente discrecional y subjetivo, la entrevista psicológica».
Según el letrado, las psicólogas asesoras del Tribunal de selección deberán explicar en el juzgado, entre otras muchas cosas, «cómo resulta posible que el mismo opositor, evaluado por las mismas psicólogas, un año resulte apto psicológicamente cuando no tenía un número de clasificación suficiente para obtener plaza y que, en cambio, cuando sí había obtenido dicha plaza, resulte declarado por las mismas no apto psicológicamente para el mismo puesto».
La defensa también ha señalado que será interesante oír cómo explican ante el juzgado dichas psicólogas «cómo resulta posible que, presuntamente, haya sido declarada apta una aspirante que habría obtenido en los test de personalidad efectuados un resultado de 79 en el rasgo de distorsión de la imagen, cuando supuestamente cualquier puntuación superior a 70 habría sido declarado previamente, supuestamente, por las mismas como acreedor de un no apto sin paliativos».
Posible amiguismo
Según ha apuntado Antonio Suárez-Valdés, «este particular pudiera haber sido el desencadenante de que dos miembros del Tribunal hubieran renunciado a sus puestos durante la oposición». El abogado de los cinco opositores denunciantes ha indicado que las psicólogas deberán aclarar ante el juzgado «si la presidenta del tribunal de selección, quien pudiera tener relación de amistad íntima con las tías de esta opositora, las presionó para aprobar a la misma pese a contar con dichos rasgos de personalidad supuestamente incompatibles con el puesto a ocupar».
Denuncian los opositores en su escrito que, solicitada la copia de las actas del tribunal de selección, las mismas les han sido denegadas de forma sistemática, «en un ejercicio de falta de transparencia que no hace presagiar nada bueno», ha apuntillado el abogado.
En la querella se detallan otras posibles «relaciones de amiguismo y familiaridad de altos cargos de la ciudad autónoma, con opositores beneficiados por la declaración de no aptos en la entrevista y ahora denunciantes».
El abogado Antonio Suárez-Valdés ha informado que, de forma paralela, se están confeccionando sendos recursos en vía contencioso administrativa contra las resoluciones evacuadas por la Viceconsejería de Administraciones, «en relación con los cuales se está pidiendo la investigación de su titular por delito de prevaricación, y con los que se pretenderá la declaración de aptos en la prueba de entrevista psicológica de la oposición».
«Los juzgados de lo Contencioso de Melilla ya anularon, a principios de este año 2018, declaraciones de no aptitud en la entrevista psicológica de tres opositores a Policía Local de Melilla, estimando las demandas planteadas por este mismo letrado», ha recordado el abogado, quien ha sostenido que «se trataba en ese caso de una situación muy similar en la que los mejores posicionados eran expulsados de la oposición por vía de la entrevista psicológica».
«En uno de esos casos las psicólogas defendían que el opositor presentaba reticencias al uso de armas de fuego, cuando el mismo había sido militar, un dislate como en el presente caso», ha concluido el abogado.
