En los últimos días se ha reavivado la controversia en los procesos selectivos de dos autonomías distintas.
Las temperaturas y la tensión ha subido en algunas de las oposiciones de bomberos que se celebran en España. La más resonada ha sido la evaluación del Consorcio Provincial de Toledo, donde los aspirantes han denunciado una gran cantidad de irregularidades. Por ejemplo, que el examen de conocimientos no cumpliera con unas características mínimas de calidad, ya que se encontraba “plagado” de errores ortográficos, preguntas mal formuladas y datos inexactos que dificultaban su capacidad de discriminar entre los aspirantes.
Con más de 500 impugnaciones a la evaluación, el Tribunal Calificador argumentó que una filtración de última hora obligó a rediseñar con rapidez la evaluación. Sin embargo, la polémica no se ha quedado ahí, debido a que también se han registrado quejas en las pruebas de aptitud física. ¿La principal denuncia?, la prohibición de usar reloj (lo que les dificulta a estimar sus tiempos personales) y la realización de cálculos errados por el Tribunal.
El ‘fuego’ de la controversia también sigue vivo en las oposiciones de bomberos que se han realizado en Murcia. Un proceso que inició en 2016 para cubrir 30 plazas en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). y a las que se presentaron 2.300 personas. El momento más controvertido y que más críticas ha generado llegó con las pruebas físicas, realizadas durante el periodo de marzo a junio de 2017. Un proceso que no se ha extinguido con el paso del tiempo, sino que incluso ha llegado a los tribunales.
Un opositor ha denunciado el proceso selectivo argumentando que las pruebas fueron firmadas por un técnico, asesor del tribunal calificado, que no tenía la titulación exigida para ello. En este sentido, entiende que se han vulnerado las bases de la oposición. Una postura sobre la que discrepa el Ayuntamiento.
Este nuevo caso judicial se suma a la denuncia ya presentada por otros opositores que han denunciado irregularidades en las pruebas y que el pasado 30 de julio interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia el 6 de julio que dio la razón al Ayuntamiento al no reconocer irregularidad alguna en las pruebas.
