Los candidatos reclaman que el alto nivel de ‘no aptos’ apunta hacia problemas en la calidad de la evaluación y de su transparencia.
Unas oposiciones más “justas y ecuánime”. Esa es la petición que buscan promover, en la plataforma Change.org, un grupo de opositores de Educación en Canarias tras que se ha dado a conocer el elevado número de candidatos considerados ‘no apto’ en el proceso selectivo. La solicitud, que prevé alcanzar las 5.000 firmas, ya cuenta en la página con más de 3.200 firmas al momento de realizar esta publicación.
La plataforma de docentes afirma que los candidatos de la actual convocatoria han “sufrido una serie de vejaciones y obstáculos (véase problemas con la inscripción telemática y núm. de excluidos) por parte de un sistema de ingreso que nos arrebata la dignidad como demandantes de empleo público”. A lo que agregan que “no solo la dignidad, sino también la oportunidad de alcanzar la meta de todo docente o aspirante, que le permitan dar clases con unas condiciones laborales estables”.
En este sentido, los opositores reclaman que se trata “para empezar de un sistema de ingreso ineficiente, si atendemos a la falta de rigurosidad en el principal objetivo de seleccionar a los mejores docentes». Un punto en el que profundizan al explicar que “se tratan de pruebas basadas en la memorización de temarios publicados hace lustros, que en muchos casos exceden, muy por encima los conocimientos necesarios para impartir docencia en secundaria. Y pruebas prácticas o supuestos prácticos, cuyos enunciados rozan lo enigmático, complicándonos la realización de los mismos por la escasez de tiempo para la realización”.
Falta de transparencia
Los opositores no sólo critican la calidad de la prueba selectiva, sino incluso el nivel de transparencia de la misma. “El sentir general de los opositores, es el de haber formado parte de una suerte de concurso opaco y falto de rigurosidad en las calificaciones, donde han aplicado un estricto y altísimo rasero, que queda reflejado en el escaso número de aprobados y la extraña sincronicidad de esos números entre los tribunales; así como el hecho de que las reclamaciones en su mayoría han sido desestimadas”.
A lo que suman que “este proceso de reclamaciones no ha sido presencial, sin poder atender a la valoración del examen en cuestión y en detalle, tan solo solicitarlas vía formal escrita y resueltas o desestimadas a puerta cerrada”.
Una denuncia que alzan al máximo nivel al indicar que se trata de “una convocatoria irrespetuosa e indigna, dónde desde la complicidad en las negociaciones de la mayoría de los sindicatos, en cuanto a la negociación de plazas a convocar, fechas y condiciones de las pruebas; hasta la aplicación de los baremos y criterios de calificación, con devastador rasero, por parte de los Tribunales, huele a sucio”.
