España cuenta con una legislación laxa contra los delitos de usurpación de propiedad privada, en especial de inmuebles.

Este es un tema que no admite discusión, la propiedad privada es eso, privada. La propiedad privada fundamenta el modelo de crecimiento y desarrollo de occidente.

A través de los años, hemos visto como varios propietarios se han tenido que ir en el mejor de los casos, a casa de un familiar o a un hotel; y en el peor, a vivir a un coche o acampar en el rellano de las escaleras del edificio, a la espera de que los delincuentes que ocuparon su casa se decidan a devolverla.

En la mayoría de los casos, los ocupas no se van sabiendo la lentitud del proceso judicial; es más, se han dado situaciones en las que los delincuentes denuncian a los dueños por intimidación o por allanamiento, alargando aún más un proceso judicial sin sentido alguno que puede durar años.

El porcentaje de viviendas ocupadas en toda España va en aumento, por supuesto que no hablo de casas abandonadas en los pueblos pertenecientes a la España vacía, claro que no, allí apenas hay comercios, servicios modernos o posibilidades de ocio. Lo único que con seguridad van a conseguir es trabajo físico para salir adelante, para arreglar la casa y para vivir; y de eso, lo justo.

La mayoría de las ocupaciones se dan en capitales de provincia y ciudades del interior. En zonas que cuentan con todas las comodidades posibles para garantizar una estadía cómoda y prolongada.

Dentro de los perfiles de los okupas, tenemos al vago de toda la vida, aquel que clama que la vida está en su contra y todo lo malo se debe a los ricos, a los capitalistas o a la derecha. Pero la realidad es que lo que no quiere es pegar un palo al agua sino vivir a costillas de los demás.

También están aquellos que ven un negocio más allá de la vagancia o la necesidad; aquellos que luego de ocupar un piso, solicitan un rescate para que los dueños puedan regresar a él. Hay mafias dedicadas exclusivamente a este «negocio».

Y, podría hablarse, en un número muchísimo menor, de aquellas personas que sin ser vagos o profesionales de la ocupación se puedan encontrar en situaciones puntuales de necesidad pero que, en definitiva, tampoco tienen excusa para ocupar una propiedad a la que no tienen derecho.

No olvidemos que son los gobiernos -nacional y autonómicos- los que deben dar solución a estas situaciones con los impuestos que ya pagamos entre todos.

Redistribuir no significa dejar que alguien te quite lo que te ha costado conseguir a ti o a los tuyos, con años de trabajo y esfuerzo solo porque ese alguien no lo tenga, ya sea porque no se haya esmerado tanto como tú para conseguirlo o porque no haya tenido la posibilidad o las oportunidades para hacerlo.

Redistribuir la riqueza sería utilizar los impuestos para transformar a estas personas en personas productivas, para ellos mismos y para la sociedad. Sería proveer las viviendas para estas personas, viviendas que garanticen todos los servicios y comodidades y que comprometan -por supuesto- el pago de la vivienda.

El gobierno actual gasta demasiado en asesores y campañas publicitarias, pero todo, de la boca para afuera, porque a la hora de actuar sobre estos casos, no hace nada.

VOX y el PP han planteado la necesidad de reformar la ley en este aspecto -cosa que se agradece- frente a partidos que defienden las ocupaciones, simplemente para la obtención de votos.

Por eso es importante, para luchar contra este delito, la proposición de ley presentada por VOX al Congreso para modificar la ley de enjuciamiento criminal, para que los delitos de usurpación se incluyan dentro de aquellos que se pueden enjuiciar a través de un juicio rápido.

Esto incluiría la usurpación de domicilios dentro de este tipo de delitos y permitiría a la policía actuar de oficio, evitando tantos problemas a aquellas personas que pierden sus hogares por la acción de personas inescrupulosas, así como por la inacción de las autoridades competentes.

https://iberoeconomia.es/mercados/la-guia-para-echar-a-los-okupas-de-tu-casa/