Sabemos que la economía circular supone un cambio en el modelo productivo y de consumo, que desde la Estrategia de Economía Circular de España, se reconoce exige de la participación de distintas administraciones y unidades con el fin de tener una visión completa y transversal.
Para identificar esas formas de participación que se han diseñado en la Estrategia de Economía Circular de España a los fines de garantizar una efectiva coordinación entre varios actores gubernamentales y para facilitar la inclusión de distintos agentes sociales, es necesario hacer una breve revisión del modelo de gobernanza previsto en la Estrategia que fue aprobada por el gobierno español el pasado 2 de junio 2020.
En tal sentido, hay que empezar por decir que la Estrategia de Economía Circular española crea, en primer lugar, una Comisión Interministerial de Economía Circular, que tiene como finalidad evaluar, hacer propuestas sobre políticas y medidas de economía circular, incluidas las normativas; así mismo es la instancia llamada para hacer el seguimiento y evaluación de los sucesivos planes de acción en esta materia y los instrumentos o medidas dispuestas por las comunidades autónomas para promover la transición hacia una economía circular.
No hay información sobre esta Comisión, para el momento de este escrito, en las plataformas web tanto del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, como del de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Pero el documento de la Estrategia Nacional de Economía Circular, hace referencia a que esa Comisión fue conformada para el proceso de elaboración de la Estrategia.
A futuro, esa Comisión será la responsable de crear grupos de trabajo que vincule a varios ministerios para el debate y definición de políticas sobre la economía circular, concretando así su naturaleza “interministerial”.
En segundo lugar, la Comisión Interministerial, debe crear un Comité Ejecutivo, que según la Estrategia Nacional de Economía Circular, participarán los ministerios coproponentes de la Estrategia y sus planes de acción; por lo tanto, debemos entender que en principio, son parte de ese Comité el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; así como el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que desde el Pacto por una Economía Circular en el 2017, coordinan y lideran el proceso de transición hacia una economía circular.
En tercer lugar se hace referencia la necesidad de dar continuidad a un Grupo de Trabajo de economía circular, creado por la Comisión de Coordinación de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que participó efectivamente en la elaboración de la Estrategia Nacional de Economía Circular.
La idea que se propone es que a través del mismo, se facilite la necesaria coordinación y cooperación administrativa para garantizar la necesaria coordinación y cooperación administrativa, y asegurar la coherencia de la aplicación por las comunidades autónomas y municipios y la calidad en la definición de objetivos.
En ese grupo participaron representantes de la Administración General del Estado que coordinan materia de residuos, así como de la Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. FEMP. De esta forma aparecen en este modelo de gobernanza otros actores institucionales del Estado español.
Por último, se plantea la existencia de un Consejo de Economía Circular, definida como una instancia de colaboración pública-privada en la que participarán los agentes sociales, agentes económicos de los sectores primarios, secundarios y terciarios, gestores de residuos y sistemas de responsabilidad amplia del productor, así como consumidores y organismos y centros de investigación que impulsen la I+d+i, a propuesta del Comité Ejecutivo de Comisión Interministerial.
Este Consejo se presenta como el espacio para el análisis crítico y formulación de propuestas que orienten instrumentos y medidas al servicio de la economía circular, y al mismo podrán incorporarse a participar distintos expertos cuando así lo decida el Comité Ejecutivo.
De esta forma encontramos el espacio institucional que el modelo de gobernanza de la Estrategia Nacional de Economía Circular ha destinado para garantizar y facilitar la participación de otros actores no gubernamentales.
España ha presentado el 7 de octubre 2020 su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que servirá de hoja de ruta para hacer uso del Fondo Europeo para la Reconstrucción y en su contenido, se reconoce a la economía circular como una palanca para la modernización industrial de España.
Esto quiere decir que ese modelo de gobernanza debe activarse en un corto plazo y además, considerando que hay 5 comunidades autónomas que han aprobado sus propias Estrategias de Economía Circular: Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco; en el caso de Castilla La Mancha destaca por tener una ley en esta materia y Andalucía está en proceso de elaborar su propia Ley; resulta fundamental que esos esfuerzos logren complementar la Estrategia Nacional de Economia Circular.
La Institucionalidad en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España
