Finaliza el 2020 y el Gobierno de España tiene dos tareas pendientes en su agenda política, que guardan entre sí una relación directa porque se complementan en el impulso y promoción de las acciones necesarias para enfrentar el reto demográfico y particularmente el fenómeno de la despoblación.
Una de esas tareas tiene que ver con la aprobación del Plan estratégico de ciudadanía e inclusión que prometió el Presidente de España en diciembre 2018 cuando asistió a la Cumbre Mundial de la ONU para las migraciones, y que además, se acompañaría de un fondo estatal para la integración de inmigrantes, que se articularía junto a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
La otra tarea, se refiere a la definitiva aprobación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que según anunció Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, debería ser aprobada a finales de este año 2020.
La mencionada relación entre estos dos instrumentos técnico-políticos mencionados, se evidencia cuando en el contenido de las Directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de marzo 2019, se plantea entre muchas otras acciones, la canalización ordenada de los flujos migratorios y la integración de inmigrantes y refugiados.
Así mismo, se refuerza el vínculo entre el tema migratorio y el reto demográfico, cuando en varios planes, estrategias o agendas de distintas Comunidades Autónomas, como por ejemplo en el caso del Principado de Asturias, Aragón, y Castilla y León, el papel del inmigrante es valorado en su contenido para enfrentar los desafíos existentes en esta materia.
En consecuencia, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Inclusión puede y debe complementar las estrategias asumidas para enfrentar el reto demográfico y de esa forma hacer posible el principio que nos dice que los migrantes son parte de la solución.
Recordemos los 7 objetivos transversales previstos en las directrices de la Estrategia Nacional para enfrentar el Reto Demográfico:
- Garantizar una plena conectividad territorial, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020.
- Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos adaptada a las características de cada territorio.
- Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión.
- Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos.
- Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.
- Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado.
- Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
Recientemente, en noviembre 2020, se realizó una Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, órgano de cooperación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas en esta materia, creado en julio 2020, y en cuyo espacio el gobierno presentó a los representantes de las Comunidades Autónomas los objetivos de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y su alineación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, el cual nos plantea una España verde, digital, sin brechas de género, cohesionada e inclusiva.
Entre las Comunidades Autónomas que expresaron su disconformidad con la Estrategia Nacional están Galicia, y Castilla y León; y entre quienes expresaron su apoyo, pero aún así, formularon algunas observaciones, están Aragón y Cantabria; por cierto, estas 4 Comunidades Autónomas mencionadas son parte de las 9 Comunidades que se ven afectadas significativamente por el problema demográfico.
Por cierto, los Presidentes de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, en una reunión realizada en este mes de diciembre 2020, se comprometieron a pactar estrategias comunes a los fines de garantizar en materia del reto demográfico el acceso prioritario a los fondos europeos para la reconstrucción tras el Covid-19, a través del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, FREDD.
Es oportuno destacar que en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, realizada en noviembre, se anunció la activación de un interesante proceso de participación pública para recoger todas las manifestaciones de interés dirigidas principalmente a pequeños municipios y zonas afectadas por los riesgos del reto demográfico, sin llegarse a concretar fechas para ese proceso mencionado.
En esa Conferencia no sólo participan los presidentes de las Comunidades Autónomas, sino que están presentes con voz, pero sin voto, los municipios y entidades locales a través de una representación de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Sólo quedan horas del 2020 y es evidente que las dos tareas mencionadas seguirán pendientes, por lo pronto, el Consejo de Ministros el 22 de diciembre 2020, aprobó el Real Decreto Ley para la Modernización de la Administración Pública para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con ello se aspira que Estado español pueda asumir con mayor efectividad los grandes desafíos que hoy enfrenta entre los cuales está el reto demográfico.
