Han pasado un poco más de 50 años desde que en 1972 en Estocolmo, la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre el Medio Humano hizo un llamado para actuar responsablemente en nuestra relación con el medio ambiente.

El principio 19 de la Declaración de Estocolmo 1972 reconoció como fundamental la labor educativa en las cuestiones ambientales para que individuos, empresas y colectividad en general, pueda asumir una mayor responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana.

Aquellos delegados que participaron en la Conferencia de Estocolmo, destacaron en ese principio mencionado, que el esfuerzo educativo debía orientarse tanto a jóvenes, como a mujeres y además, agregaron que el mismo debía prestar la debida atención al sector de la población menos privilegiada para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada que pueda entonces actuar más responsablemente.

Han pasado 5 décadas, desde que en la Declaración de Estocolmo 1972 se reconoció expresamente la necesidad de abordar nuestro papel como individuos y el de los distintos agentes de la sociedad en la tarea de enfrentar los problemas ambientales, pues como bien lo destaca esa Declaración, por ignorancia o por indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al Planeta, comprometiendo nuestro bienestar y nuestra propia vida.

El profundizar el conocimiento más profundo en materia ambiental que contribuya a promover que nuestra actuación sea más prudente, es un compromiso de la sociedad global desde 1972, que sin etiquetas y sin nombres productos del marketing político, ha estado en la agenda política internacional, regional o estadal y local en unos países con mayor presencia que en otros, pero el debate sobre la educación en materia ambiental ha evolucionado a lo largo de éstas 5 décadas.

El Día Mundial de la Educación Ambiental quedó atrás y a pesar de lo mucho que se ha mencionado en informes globales, conferencias y reuniones internacionales sobre la la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación1, tengo la percepción que el 26 de enero pasó sin pena ni gloria, es decir fue un día más del calendario, sin una estrategia que a nivel global nos permitiera encontrarnos entre los valores y principios que deben inspirar esa educación en estos tiempos cuando esa labor resulta cada vez más necesaria como proceso para aportar herramientas que permita llevarnos a concretar el conocimiento acumulado y los niveles de concienciación con acciones.

La Conferencia Estocolmo+50 en la cual se conmemoró las 5 décadas de aquella Conferencia de 1972, también me pareció que no tuvo brillo, eco o relevancia global, fue un evento más que no logró conectar a la sociedad global en torno a esos principios y valores expresados en 1972 y que precisamente eran recordados en esa Conferencia.

Debo señalar, que luego de revisar el informe final de Estocolmo+502, encuentro que en las recomendaciones finales no hay referencia expresa a la labor educativa en cuestiones ambientales; sólo identifico en una de las sesiones de trabajo realizadas en el marco de la Conferencia de 2022, denominada Diálogo sobre el liderazgo, una referencia a la educación en la cual reiteran la necesidad de alcanzar una educación de calidad y asequible que incluya programas y planes de estudio con conciencia ambiental; esa sesión, tenía como tema central la necesidad de acelerar la aplicación de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el contexto de la década de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible.

Creo que en el marco de los 50 años de Estocolmo 1972 el principio 19 de su Declaración final mereció un espacio especial de reflexión y diagnóstico, particularmente orientado a explorar, identificar y valorar las estrategias y/o metodologías educativas que en materia ambiental aporten herramientas para traducir en acciones concretas la sensibilización y concienciación hasta ahora alcanzadas, lo que supone además, mirar la fotografía sobre los logros en el impacto social y económico de las políticas públicas que cada Estado ha adoptado en materia educativa en cuestiones ambientales.

En ese sentido, quise acercarme a la respuesta que en esta materia ha adoptado el Gobierno Español, ubicando a tal fin el Plan de Acción para la Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2021-2025, el cual, según información oficial fue sometida a consulta pública en mayo 2021, lo que no quiere decir que sea ampliamente conocida.

Sin entrar a realizar una valoración crítica, quiero destacar varios aspectos que nos permite acercarnos al contenido y alcance del Plan, a saber:

El primer aspecto tiene que ver con las metas que se plantea el Plan, a saber.

1.- Promover una participación ciudadana, consciente y crítica, a través de información, sensibilización, concienciación y capacitación en los procesos de reflexión y en la toma de decisiones relativas a la situación socioambiental.

2.- Impulsar un cambio sistémico en nuestra forma de relacionarnos con el entorno, que afecte a todas las dimensiones de nuestra actividad, individual y colectiva. Para el gobierno español, ese cambio sistémico debe profundizar y acelerar la transición ecológica.

3.- Asumir la Educación Ambiental para la Sostenibilidad como herramienta esencial de transformación social, cultural y económica que la emergencia climática y ambiental requieren.

El segundo aspecto, tiene que ver con los 6 ejes estratégicos que el Plan propone y que desarrolla a través de 20 objetivos específicos orientados a lograr las 3 metas señaladas, ellos son:

1. Transversalización de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad en las políticas públicas, el cual plantea 3 objetivos específicos.

2. Innovación, investigación y mejora de los programas y actividades de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que propone 2 objetivos específicos.

3. Integración de la sostenibilidad en el sistema educativo y formativo, que desarrolla 4 objetivos específicos.

4. Profesionalización y consolidación de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que registra 3 objetivos específicos.

5. Escenarios y espacios específicos de intervención, el cual propone 4 objetivos específicos.

6. Comunicación, divulgación y acción ciudadana, el cual registra 4 objetivos específicos.

El tercer aspecto permite acercarme, desde los principios rectores, al papel de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad en España, en tal sentido, el Plan nos dice que la Educación debe ser vista como:

1- Un proceso de aprendizaje continuado que puede darse en contextos diversos, en cualquier momento y sobre cualquier aspecto de la vida, tanto en lo individual como en lo colectivo, y debe implicar a las instituciones, entidades privadas y del tercer sector y ciudadanía, en definitiva, a la sociedad en su conjunto.

2.- Una herramienta para propiciar la comprensión adecuada de las cuestiones socioambientales y del actual modelo de desarrollo, para lo cual es indispensable el acceso a información rigurosa y contrastada. La transparencia y la coherencia son elementos clave para una Educación Ambiental para la Sostenibilidad eficiente y eficaz.

3.- La forma de asumir que las respuestas a las crisis que afrontamos, que por demás, son complejas y requieren un esfuerzo permanente y colectivo, en términos de reflexión, debate, aprendizajes, investigación e incidencia.

4.- El instrumento para promover un pensamiento crítico e innovador, capaz de cuestionar los hábitos y estructuras vigentes cuando estos contribuyen a la generación de problemas.

5.- La oportunidad de generar en las personas conciencia de su capacidad para intervenir en la resolución de los problemas, mostrando como construir alternativas de acción positiva y de artícular lo local y lo global, lo personal y lo colectivo como partes de una misma realidad y considerar la existencia de límites planetarios a los que es necesario ajustarse.

El cuarto aspecto, esos mismos principios rectores, permiten identificar a los distintos agentes o actores sociales que el Plan exige valorar a los fines de impulsar la educación en materia ambiental, pues las acciones que se desarrollen deben:

1.- Reconocer a la participación ciudadana, el trabajo en red y la construcción colectiva como elementos claves.

2.- Tomar en cuenta el enfoque de género y la justicia social en todas sus propuestas y actuaciones, así como el enfoque de derechos humanos, suscribiendo de esta forma la máxima de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás.

3.- Prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, así como a otras dimensiones sociales que requieran ser tenidas en cuenta para lograr avanzar hacia una sociedad más sostenible, justa, accesible y equitativa.

Un quinto aspecto, tiene que ver con la gobernanza diseñada en el Plan, que plantea la gestión y el desarrollo del mismo bajo la responsabilidad y conducción del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico MITECO, a través de Centro Nacional de Educación Ambiental y del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

No se puede ignorar en este aspecto el papel que debería jugar los espacios institucionales que en el marco legal español han sido creados para que autonomías y gobierno nacional; así como también, entidades locales y gobiernos autonómicos puedan cooperar y colaborar entre si en distintas materias, como por ejemplo la educación ambiental; precisamente  sobre esos espacios institucionales creados a nivel autonómico escribí en un artículo anterior titulado Espacios institucionales de cooperación y colaboración entre gobiernos locales y autonómicos en España.

Y en el marco de la gobernanza, importante señalar que en materia de financiación de las acciones, así como del proceso de seguimiento y evaluación, el Plan destaca la implicación de otros agentes sociales, tanto públicos como privados, en aras de una mayor diversificación de las fuentes presupuestarias y de una participación más amplia y plural.

En ese sentido nos habla de la creación de un Grupo Coordinador específico que establezca las prioridades de actuación para cada ejercicio, en función de las principales líneas de trabajo gubernamentales en política ambiental y de sostenibilidad y una Mesa de Seguimiento para su revisión y aprobación definitiva, y por último, destaca para facilitar una mayor participación, promoverá un Seminario Técnico permanente de la calidad de la Eduación Ambiental para la Sostenibilidad.

Un sexto aspecto, me lleva a la misión que define el Plan, en cuyo texto concretamente nos habla del desarrollo de aprendizajes, reflexiones, actitudes y competencias para enfrentar la emergencia climática y el conjunto de retos socioambientales que enfrentamos.

El mencionado texto agrega que ese desarrollo propuesto debe llevar a la sociedad española ha avanzar con determinación hacia una transición ecológica justa, la cual califica de “imprescindible” para recuperar el ajuste a los límites planetarios, y evitar las repercusiones de la degradación ambiental en nuestra salud y bienestar tanto individual como colectivo.

Hay varios objetivos específicos del Plan que expresamente se orientan hacia la transición ecológica y justa, situación que lejos de acercar a la ciudadanía en general, en muchos caso la aleja como consecuencia del temor o rechazo a un concepto que se percibe condicionado a una ideología o corriente política, ello conlleva sin duda un importante esfuerzo del gobierno en divulgar y hacer entender el significado de la transición ecológica y justa, lo que como es natural, no necesariamente logrará consensos, pero si pudiera reducir los temores o las barreras que sobre el tema se generan y que también sucede con documentos como la Encíclica Laudato Si y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La preocupación y el temor de algunos se puede comprender cuando ese objetivo del programa político se convierte en el norte que debe inspirar el modelo educativo, que como lo expresa el artículo 1 de la Ley española de Educación, la educación para la transición ecológica debe responder a criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Pero eso que llamo barreras u obstáculos que frenan el avance hacia una sociedad más responsable en su relación con el medio ambiente a través del proceso educativo, también ocurre cuando el plan orienta el impulso de la participación a lograr la transición ecológica y justa, por lo tanto, superar esos temores, esas barreras, que hacen a la educación en materia ambiental una “asignatura pendiente”, exige un importante esfuerzo de encuentro entre valores y principios, entre gobierno y ciudadanía y está condicionada a la transparencia y confianza que generen las instituciones políticas en España.

Importante acotar que es absolutamente normal que todo gobierno quiera distinguir su gestión, y que para ello en el caso de España, su programa político se plantee como objetivo ambiental y energético la transición ecológica y justa, pero como ese concepto deja una amplio espacio para la interpretación política, las barreras y obstáculos, más en una sociedad polarizada y segmentada, encuentran terreno fértil, que no puede ser ignorado o subestimado.

Por último, no es posible ignorar dos realidades institucionales y menos aún, podemos ser indiferentes ante una tercera realidad pero de naturaleza electoral, a saber:

La primera, tiene que ver con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) en cuya exposición de motivos reconoce que el sistema educativo español no puede estar ajeno a los desafíos que enfrenta el plantea en materia del cambio climático, y de esa forma plantea que los centros docentes deben convertirse en un lugar de custodia y cuidado de nuestro medio ambiente, promoviendo una cultura de sostenibilidad ambiental, de cooperación social y desarrollando programas de estilos de vida sostenibles, fomentando el reciclaje y el contacto con los espacios verdes.3

La segunda, es que en España, algunas Comunidades Autónomas también presentan sus propias hojas de ruta en materia de educación ambiental, por ejemplo se pueden mencionar las Estrategias de Educación Ambiental. Horizonte 2030 en comunidades como Castilla La Mancha4 y Aragón5.

La tercera realidad que como señalé tiene naturaleza electoral, se refiere obviamente a las próximas elecciones autonómicas y locales en España que representa una oportunidad para valorar si los niveles de concienciación en el liderazgo político, considerando la triple crisis planetaria, se concretan en algún espacio para la educación en materia ambiental en sus respectivos programas de gobierno.

Pero también, es un marco de referencia muy útil, para explorar el papel de los mecanismos de participación ciudadana como instrumentos para facilitar a la ciudadanía interesada, la oportunidad de transformar los niveles de concienciación y sensibilización en materia ambiental, en acciones concretas a través de la cooperación y colaboración efectiva con las instituciones políticas respectivas y/o a través de la cada vez la necesaria alianza público-privada.

Carlos Romero Mendoza

@carome31