La polémica radica en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, donde se establecen las medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En el artículo 3, el Real Decreto establece la prestación excepcional de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y funcionario.
En este punto, existe molestias ante el punto que establece:
«De forma excepcional y transitoria, la comunidad autónoma correspondiente podrá destinar al personal estatutario de enfermería y médico facultativo especialista de área de cualquier especialidad, dentro de su centro hospitalario, a unidades asistenciales de otra especialidad distinta de la suya cuando el número de profesionales de dichas unidades no sea suficiente».
¿El motivo?, el médico Federico Relimpio lo explica en su blog: “que un especialista en Anatomía Patológica de 58 años puede ser destinado para atender una planta de Medicina Interna o, peor aún, las urgencias hospitalarias. El buen señor hace décadas que ve la enfermedad a través de un microscopio. Más aún: los medicamentos que estudió en la carrera ya no se emplean. Y además, ya ni se acuerda”.
Es decir, la solución de redirigir al personal sanitario supone un gran riesgo para los profesionales sanitarios y para los propios pacientes.
Una situación similar ocurre con otros dos puntos del Real Decreto:
· «Igualmente, cada comunidad autónoma podrá acordar que el personal de enfermería y médico especialista estatutario que preste servicios en centros hospitalarios pase a prestar servicios en los centros de atención primaria de su área de influencia para realizar las funciones propias del personal médico de atención primaria, de forma excepcional y transitoria, por insuficiencia de personal médico de atención primaria».
Al señor del comentario anterior lo sacamos del microscopio para enviarlo a veinte kilómetros, a ver 52 pacientes al día. Insisto en lo de antes: que ya no se acuerda de lo que es una diabetes, una hipertensión o una crisis de ansiedad, ni cuáles son los medicamentos para tratarla. Y cuándo le enseñan el ordenador, hay que darlo de baja a él, por ansiedad.
· «La comunidad autónoma correspondiente también podrá́ destinar al personal estatutario de la categoría de enfermería, médico/a o pediatra de atención primaria, de forma excepcional y transitoria, a prestar servicios en sus hospitales de referencia o a hospitales de campaña, si las necesidades motivadas por la pandemia por COVID-19 así lo demandan».
Ahora se trata de lo contrario; una doctora de un pueblito, llamada a realizar sí o sí guardias en el Hospital. Sueros, perfusiones, intubaciones, arritmias severas, código ictus e intentos de autolisis. A vigilarla, no lo vaya a intentar ella. Porque esa medicina moderna, para muchos nos es completamente desconocida.
Para el doctor Relimpio, “el Real Decreto da carta blanca a las autoridades de las taifas autonómicas para tirar a conveniencia del personal, sin ton ni son, sin criterio de especialidad o antigüedad, invocando el principio de la emergencia”.
En este sentido, considera que se trata de una práctica «militarización» del Sistema Público de Salud donde primará el «tú sí, tú no», que crea un gravísimo precedente para cuando salgamos de la emergencia sanitaria. Se irá a dónde se le diga a una o uno, sin previo aviso o justificación.
“No caigo en la trampa de descontextualizar. En el Real Decreto hay una exposición de motivos, donde se insiste en la emergencia sanitaria que estamos viviendo”, mariza.
“No sé a quién atribuir esta pieza magistral de la normativa sanitaria. Pero, firmarlo, lo firma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ignoro si esta réplica alcanzará alguna vez los ojos presidenciales. Es muy probable que no. Pero es mucho menos probable que suscite la emoción que suscitará en el presidente que uno querría ver al mando de esta terrible crisis sanitaria: vergüenza. Un insoportable bochorno”, sentencia el doctor Relimpio.
Clausurar Madrid dos semanas costará 5.600 millones a la economía