José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha asegurado que el Gobierno no planea congelar las pensiones y ha afirmado que buscan establecer una regla fija para su revalorización.
Asimismo, ha dicho ver «lógico» que circulen informaciones sobre una posible congelación del sueldo de los funcionarios, sobre lo que ha apuntado que a nivel macroeconómico no es «muy relevante» por la evolución «muy contenida» de los precios.
«No se estudia una congelación de pensiones, nuestro objetivo es despejar la incertidumbre que existe sobre los mecanismos de mantenimiento del poder adquisitivo de forma permanente y establecer cuando lo apruebe el Pacto de Toledo una regla fija de pensiones que asegure el poder adquisitivo», ha afirmado Escrivá en una entrevista en Cope recogida por Europa Press.
De esta forma, el Gobierno prevé revalorizar de nuevo las pensiones en el año 2021 previsiblemente ligándola de nuevo al IPC, tal y como sucedió este año, cuando las pensiones se incrementaron un 0,9%.
En cambio, Escrivá ha dejado la puerta abierta a una posible congelación del sueldo de los funcionarios, algo que ha dicho que «desde el punto de vista macroeconómico no es muy relevante como podría ser en otras circunstancias», ya que la evolución de los precios está siendo «muy contenida», con una caída en los últimos doce meses del IPC del 0,5% en agosto, una expectativa de inflación negativa de año y también «muy contenida» en 2021.
«No es un tema tan central», ha enfatizado, remitiéndose a la ministra de Hacienda en el marco de los trabajos preparatorios de los Presupuestos de 2021.
Además, ha indicado que desde su experiencia como expresidente de la AIReF se preparan «muchos planes alternativos» para «casar las cuentas», por lo que ve «lógico» que haya informaciones de este tipo.
CAMBIOS EN JUBILACIONES ANTICIPADAS Y PLANES DE PENSIONES
Lo que sí ha confirmado Escrivá es que el Gobierno está trabajando en reducir las jubilaciones anticipadas, que el año pasado aumentaron un 16%, al considerar que hay un «mal diseño» en la norma, ya que, según ha explicado, aunque hay un desincentivo a la jubilación anticipada con un recorte por año anticipado del 8%, al aplicarse sobre la base reguladora y no sobre la pensión hay una «enorme diferencia» y de facto el efecto desincentivador termina siendo muy bajo especialmente en las pensiones máximas, de entorno al 2%.
Por ello, ha avanzado una corrección de esta situación, lo que pasaría por que el coeficiente reductor de las jubilaciones anticipadas se aplicara sobre la pensión y no sobre la base reguladora como en la actualidad.
Según Escrivá, no le consta que este asunto haya generado disconformidad entre los miembros de Unidas Podemos del Gobierno y, de hecho, ha explicado que ya ha presentado la medida a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y es una estrategia contemplada por el Ejecutivo y en el Pacto de Toledo.
De igual forma, ha recordado que un reciente informe de la AIReF pone de manifiesto que los planes individuales de pensiones, tal y como están diseñados, «no ayudan a aumentar el ahorro a medio plazo», cuando lo «útil» es conseguir que a las rentas bajas y medias que precisan de una pensión complementaria se les incentive a ahorrar.
En este sentido, ha citado como modelo a seguir el de Reino nido, que se acomete en el marco de la negociación colectiva, con el fin de «focalizar y poner el esfuerzo fiscal en privilegiar planes colectivos de empresa», algo que también podría beneficiar a colectivos como el de los autónomos.
«LA SEGURIDAD SOCIAL TIENE EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO»
De cualquier forma, Escrivá ha hecho hincapié en la necesidad de extraer los gastos impropios de la Seguridad Social, que se cifran en unos 20.000 millones, para corregir el déficit de la Seguridad Social, que el año pasado alcanzó 1,3 puntos del PIB (17.000 millones).
Entre otros, ha citado las políticas activas de empleo, las prestaciones de paro no contributivas o las ayudas a la maternidad por hijo.
«La Seguridad Social está en situación de equilibrio presupuestario en este momento» pero si los gastos impropios los asumiese la Administración General del Estado la situación «sería mejor», ha dicho.
El ministro no ha querido confirmar que el Gobierno esté estudiando que los ERTE consuman tiempo de paro del trabajador, pero sí ha avisado de que el dinero destinado a estas prestaciones «es limitado».
«Nos hemos gastado ya más de 22.000 millones en los ERTE y el recorrido presupuestario que nos queda es limitado, por lo que tenemos que proteger a los profesionales de los sectores con una situación aún muy difícil», ha señalado, considerando que algunos de los 600.000 afectados por ERTE actuales pueden reactivarse.
El titular de la Seguridad Social ha indicado que España tiene una tasa de paro estructural del 14% y ha recordado que en mayo se destruyó un tercio de la población activa, con un millón de parados más, 3,5 millones de trabajadores en ERTE y el «parón» de 1,5 millones de autónomos, lo que en conjunto supuso 6 millones de personas.
Sin embargo, actualmente ha detallado que se han recuperado la mitad de los parados que se despidieron en términos netos, con una afiliación de medio millón de personas, una cifra de afectados por ERTE entre fuerza mayor y no fuerza mayor inferior a 800.000 y en torno a 150.000 autónomos cobrando la prestación por cese.
Por consiguiente, «hay 1,4 millones de parados», lo que supone «5 o 6 puntos de la tasa de paro», que en este momento cifra «por debajo del 20%», incluyendo a los incluidos en ERTE.
