Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han avalado el preacuerdo alcanzado la semana pasada entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia para poner fin a una huelga indefinida que comenzó el pasado 24 de enero. Se ha acordado una subida salarial de 430, 440 o 450 euros brutos al mes, según los niveles, para compensar el aumento de la carga de trabajo asumida en los últimos años.
El 76% de los LAJ que han participado en la votación de este lunes se han mostrado a favor de aceptar en la reunión de este martes con el Ministerio la propuesta que les puso sobre la mesa el equipo de Pilar Llop, lo que pondría fin a la huelga, según ha informado el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
El apoyo mayoritario, expone el Colegio, «respalda al comité de huelga para que mañana, en la reunión prevista con el Ministerio a las 11.00 horas, se pueda firmar el acuerdo que ponga fin a la huelga (…) una vez que se aclaren algunos términos del acuerdo final que quedan por matizar».
Este lunes, tal y como se anunció el pasado viernes, se han desarrollado asambleas en todo el país en las que se han dado «detalladas cuentas» de la propuesta del Ministerio a los LAJ. El Colegio Nacional ha mostrado su «satisfacción ante el desarrollo, sin incidente alguno, de esta jornada de votaciones».
De los 2.013 votos emitidos, 1.524 (que representan el 76%) han sido a favor; 421 en contra (el 21%) y 68 abstenciones (el 3%), de acuerdo a los datos que maneja el Colegio de LAJ.
La de este jueves será la reunión definitiva que pondrá previsiblemente fin a unas negociaciones que se reanudaron el pasado 17 de marzo (con el Ministerio de Hacienda también implicado) tras el parón producido a finales de febrero como consecuencia de una serie de encuentros que los letrados calificaron de «infructuosos».
356.000 juicios y vistas suspendidos
El acuerdo parece que llegará después de más dos meses de huelga en los que, según los datos de las asociaciones convocantes, se han suspendido unos 356.000 juicios y vistas, han quedado paradas unas 424.000 demandas y se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.
En estas nueve semanas, las asociaciones convocantes (la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), el Ilustre Colegio Nacional de LAJ y la Asociación Independiente de Letrados AInLAJ) han registrado una participación de entre el 85% y el 73%, mientras que el Ministerio ha observado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.
Desde el 24 de enero, los LAJ se manifestaron en dos ocasiones a las puertas del Ministerio para reclamar que se les compensase en la nómina la carga de trabajo asumida en los últimos años; pidieron la dimisión del secretario de Estado Justicia, Antonio ‘Tonxtu’ Rodríguez, y la de la propia ministra.
Durante la huelga, la titular del Ministerio recordó las medidas adoptadas en el último año en favor de los LAJ y pidió al comité de huelga que se alejara de posturas «maximalistas» y que presentara propuestas «realistas». El secretario de Estado llegó a decir que era una huelga «política» que no perseguía ninguna reivindicación salarial e incidió en que ya cobraban entre 40.000 y 60.000 euros al año.
El punto álgido del conflicto tuvo lugar tras la primera reunión de este año. Aquel 17 de febrero, ambas partes se sentaron a la mesa durante más de 15 horas (con madrugada incluida) y se levantaron con reproches mutuos por mantener posturas inamovibles.
El camino recorrido les ha llevado a la reunión que tendrá lugar este martes, donde se prevé se ponga fin a la pugna que (más allá de la huelga indefinida y las manifestaciones de este año) acumuló paros puntuales en 2021 y 2022.
