Las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles tienen un impacto anual de 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales que deja de ingresar la Seguridad Social.
De acuerdo al Banco de España, la opción de retiro anticipado es elegida por un 40% de los trabajadores, implicando el cese de la aportación por empleado, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley.
Concretamente, desde el pasado 1 de enero, la edad legal de jubilación se situó en los 66 años en virtud del periodo transitorio establecido en la reforma de 2011, y que culminará en 2027 cuando la edad legal de retiro alcance los 67 años. En este sentido, una de las decisiones del Ejecutivo tras conocer las recomendaciones para la reforma de pensiones del Pacto de Toledo es articular un sistema de incentivos y penalizaciones que ayude a cerrar la brecha entre la edad efectiva de retiro y la edad marcada por la ley de la Seguridad Social.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión que elevó el mandato de las recomendaciones al Congreso de los Diputados, donde especificó que por cada año que se acercaba la edad real a la legal, el déficit de la Seguridad Social se reduciría en un 25%. Teniendo en cuenta que las declaraciones las realizó cuando aún el cuadro macro arrojaba un déficit de 18.000 millones para la Seguridad Social, antes del estallido de la pandemia, cada año que se eleve la edad efectiva de retiro supondría un recorte del déficit de 4.500 millones de euros.
Coste del ‘prejubilado’
Ahora bien, más allá del impacto sobre el déficit, según los datos publicados por la Seguridad Social en su cuadro presupuestario de 2021, cada año se jubilan anticipadamente en nuestro país una media de 132.000 personas (media de los últimos cinco años sin contar 2020). Teniendo en cuenta que el salario medio anual se sitúa en nuestro país en el entorno de los 24.000 euros anuales y que el porcentaje de retención medio es del 36,25%, se deduce que las aportaciones medias de cada uno de esos jubilados de manera anticipada asciende a 8.700 euros. Teniendo en cuenta que este trabajador sale de media a los 64,5 años, aún tendría capacidad de aportar al Sistema unos 13.000 euros de media a las arcas públicas.
Cabe recordar en este punto que el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario para 2021, donde se recoge como las personas que se jubilan anticipadamente cobran hasta un 37% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación. La explicación a esta medida, aseguran los expertos, está en que los trabajadores que se jubilan anticipadamente son aquellos con nóminas más elevadas, y que por lo tanto, una vez aplicadas las penalizaciones aún perciben pagas con cuantías medias considerablemente superiores que el colectivo retirado en edad legal de jubilación.
El ‘coleo’ de los ERTE
Así, como se ha mencionado, el Gobierno está diseñando un sistema de incentivos por un lado y de penalizaciones por otro para endurecer las condiciones de estos retiros anticipados. Esta medida, más allá de estar recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo, se torna en crucial teniendo en cuenta la coyuntura del mercado laboral, asolado aún por trabajadores envueltos en ERTE parciales o totales, un total de 750.000 al comienzo de este año.
Como advierten desde la consultora Mercer, el paso natural de los ERTE enquistados en el tiempo, es pasar al ERE, que incluye la fase de despidos. Sin embargo, desde la compañía que asesora en planes de ahorro para empresas y particulares aseguran que los planes de rentas o planes de prejubilación se plantean como una solución muy eficaz y menos agresiva para llevar a cabo los necesarios reajustes de fuerza laboral que necesita la recuperación económica.
De media, las empresas aplican estos planes de prejubilación a sus empleados entre los 57 y los 63 años, que perciben entre un 75% y un 80% de su salario neto. En caso de acuerdo voluntario la media de acceso al plan de renta sube a los 58 años, permitiendo ahorrar un año de complementos salariales que, en este caso y al no estar exenta, se calcula sobre el salario bruto abonando entre un 70% y un 75%, apunta el reciente estudio de la compañías sobre el mercado de las prejubilaciones en nuestro país.
Más allá, el Ejecutivo se encuentra en estos momentos en plena negociación con los agentes sociales sobre la reforma de pensiones, donde también se habría deslizado la propuesta de elevar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión.
