El Plan contempla un presupuesto de 2.000 millones de euros distribuidos entre el 2019 al 2021

El Consejo de Ministros aprobó el Plan de Choque por el Empleo Joven a partir del año 2019 al 2021, proyecto que sale de la mesa del Ejecutivo con el aval tanto de los sindicatos como de la patronal.

Con un presupuesto de 2.000 millones de euros, el plan busca limitar la tasa de desempleo juvenil en diez puntos, hasta el 23,5 por ciento, e incrementar cada año un 15 por ciento el número de contrataciones indefinidas de trabajadores jóvenes en el país.

El Gobierno Español destacó que el Plan de Choque por el Empleo Joven se encuentra entre las medidas en materia laboral en las que está trabajando el Ministerio de Trabajo en estos últimos meses.

De hecho, fue la ministra Magdalena Valerio quien decidió sacar adelante este plan destinado a la población joven, foco de precariedad laboral y desempleo en España.

Se conoció que los 2.000 millones de euros de coste del plan se distribuirán entre los tres años de vigencia del proyecto, es decir, en 2019 se invertirán 665 millones; en 2020, otros 666; y en 2021, 668 millones, según figura en el último borrador del documento.

El Ejecutivo creará una comisión de seguimiento para evaluar el plan a los 18 meses y además el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también analizará la marcha de estas medidas de manera trimestral. 

Algunas de las medidas más destacadas son: 

1. Contratación de 3.000 orientadores 

El Gobierno recoge la contratación de 3.000 personas técnicas responsables de la orientación en los Servicios Públicos de Empleo con la intención de mejorar la inserción laboral de los jóvenes y ofrecer una «atención personalizada». 

El nombramiento de este refuerzo será en un primer momento temporal a través de «funcionarios interinos en la modalidad por programa por un máximo de 18 meses». Después de este periodo, se analizará su efectividad para valorar si se acuerda su ampliación, su finalización o la incorporación definitiva de los trabajadores al personal de esas oficinas públicas de empleo. 

2. Estatuto de las Prácticas no Laborales

Se elaborará un Estatuto de las prácticas no laborales, para regular los derechos de las personas en esta situación tanto en organismos públicos como en empresas privadas y evitar los abusos sobre los becarios.

El Estatuto regulará los derechos de información de la representación legal de los trabajadores durante el proceso de aprendizaje.

3. Formación para jóvenes 

La formación de los jóvenes es el punto del plan que se lleva la mayor parte del presupuesto: 1.139 millones de euros. La ministra Valerio enfatizó que de los 87.000 jóvenes parados de larga duración, más del 72 por ciento «tienen un bajo nivel formativo».

El plan incluye, entre las medidas formativas, los programas de aprendizaje de competencias clave (comunicación lingüística, matemáticas y lenguas extranjeras) para personas que abandonaron las aulas de manera temprana. También se crearán los «programas de segunda oportunidad» con becas y otros incentivos para personas que no concluyeron la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Asimismo, el plan contempla programas de formación vinculados a la contratación en empresas, donde los jóvenes reciben formación en aquello que necesitan las compañías mientras que estas se comprometen a sumarlos a su plantilla de trabajo. 

4. Retorno del Talento que emigró

La Secretaría de Estado de Migraciones desarrollará el programa de retorno del talento, para fomentar el regreso de los emigrantes españoles. En él se contempla incorporar «medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, así como proceso de acompañamiento».

En este proceso de retorno no se tendrá en cuenta la edad actual de los retornados, «sino simplemente la condición de persona joven en el momento que se produjo la salida de España». 

5. Compromiso de lucha contra temporalidad

El Ejecutivo se compromete a «reforzar la causalidad de la contratación temporal y del contrato a tiempo parcial», por lo cual se establecerá «un control más efectivo para evitarlo» y se promoverán «límites a la duración temporal de los contratos temporales del mismo trabajador con el mismo empresario, potenciando la contratación indefinida«. 

Además se mantendrán incentivos económicos en forma de bonificaciones de fomento del trabajo autónomo, por valor de 375 millones de euros en los próximos tres años, y bonificaciones a las empresas que suscriban contratos para la formación y el aprendizaje, de 165 millones de euros.

Desde los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), recuerdan al Ejecutivo que este conjunto de medidas debe ahora desarrollarse. «Son líneas generales en las que podemos estar de acuerdo, aunque nos gustaría que se concretaran más cosas, pero ahora deben ejecutarse», afirmó Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de UGT.

«Creemos que se ha recogido importantes reivindicaciones que CCOO viene exigiendo desde hace tiempo», celebra Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo del sindicato, aunque coincide en exigir que las políticas se desarrollen y «vayamos más allá».