La Policía investigará las manipulaciones de competiciones deportivas y fraudes en apuestas detectados por Consumo

Policía Nacional

El Ministerio de Consumo ha firmado este martes un convenio con la Dirección General de la Policía (DGP) por el que esta desarrollará investigaciones criminales sobre las posibles manipulaciones de competiciones deportivas y fraudes en las apuestas detectadas por la red de entidades que participan en el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA).

En virtud del acuerdo firmado entre Consumo e Interior, la Policía Nacional accederá a la base de datos del SIGMA y analizará e investigará las alertas que se produzcan el ámbito de los eventos y apuestas deportivas.

SIGMA es un instrumento técnico que se constituye como una red de cooperación interactiva gestionada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y accesible, por vía telemática, para las entidades adheridas al servicio. En la actualidad, forman parte de la red el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego con título habilitante.

Con la adhesión ahora de la Policía Nacional, se refuerza la lucha contra el fraude en el mercado de los eventos y las apuestas deportivas. Es decir, contra unas prácticas que, según especifica el convenio, “afectan al normal desarrollo de las actividades relacionadas con el juego” y constituyen “una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atentan contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores”.

Las apuestas y el deporte

Con el objetivo de analizar el desarrollo del convenio, así como de adoptar las medidas que sean necesarias en torno a las investigaciones criminales que se pudieran iniciar, la DGOP y la DGP constituirán, en el plazo de un mes, la Comisión de Seguimiento. La comisión se reunirá de forma ordinaria una vez al año, aunque puede convocarse de forma extraordinaria en cualquier momento si alguna de las partes así lo solicita.

El acuerdo, que también contempla la confidencialidad de todos los datos compartidos entre sendas organizaciones, tiene una vigencia de cuatro años.

 

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