La Ley de Familias otorgara 100 euros mensuales por crianza hasta los tres años

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que la Ley de Familias, actualmente en tramitación parlamentaria, va a formalizar una prestación universal por crianza de 100 euros al mes por hijo durante sus tres primeros años de vida.

Se trata solo de un primer paso, ya que el objetivo es extender esa ayuda hasta los 18 años, según ha avanzado el ministro en un comunicado con motivo del Día Internacional de las Familias.

Paralelamente, Bustinduy va a negociar, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la inclusión de una prestación de este tipo de 200 euros al mes en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2025, ha precisado.

El ministro ha justificado la medida en que España solo destina un 1,5% del PIB para infancia y familias frente al 2,4% de la media de la Unión Europea.

Ha valorado, además, que al ser universal es más efectiva para reducir la pobreza infantil, tal y como apuntan los datos de aquellos países que apuestan por la universalidad, como Alemania, Austria, Holanda, Irlanda, Suecia y Polonia.

Aumento de los permisos por nacimiento y otras medidas

Bustinduy, además, ha apuntado otras medidas recogidas en el acuerdo de gobierno con el PSOE como el aumento de los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas, un compromiso firme que no se ha podido materializar por la prórroga de los presupuestos.

También se menciona la remuneración de al menos 4 de las 8 semanas de los permisos parentales para el cuidado de hijos hasta los 8 años, cuyo objetivo es que «se haga de manera inmediata».

En cuanto a las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes, ha considerado que el Gobierno tiene que intervenir «de manera decidida».

Entre otras medidas, ha defendido la movilización de vivienda vacía, regular los alquileres turísticos, los de temporada y los de habitaciones, «una realidad invisible que afecta a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables de nuestro país», así como prohibir la inversión especulativa por parte de fondos buitre «que están haciendo un pingüe negocio con nuestro parque inmobiliario».