Las asociaciones de jueces y fiscales se reúnen con el Ministerio de Justicia con la intención de negociar que se mejore la oferta de 44,5 millones de euros planteada el pasado miércoles por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para desbloquear el conflicto y evitar la huelga indefinida que cinco de las siete asociaciones han convocado a partir del 16 de mayo.
En un primer encuentro esta mañana no han conseguido alcanzar un acuerdo entre las partes. Los representantes de las asociaciones han rechazado la oferta de 44,5 millones de euros del Gobierno, ya que consideran que eso supone una subida de solo el 6%, mientras que jueces y fiscales han perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos años.
No obstante, el Ministerio de Justicia habría mejorado «un poco» la oferta, según han indicado a Efe y Europa Press fuentes de la negociación. Con el fin de seguir negociando, volverán a reunirse a las 16:30 horas.
Se trata de la segunda reunión de la mesa de retribuciones en la que se verán las caras los representantes de la carrera judicial y fiscal, los equipos de Justicia, de Función Pública, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras consultar a las ejecutivas y los delegados de las asociaciones su valoración sobre la propuesta económica realizada el pasado miércoles por el Gobierno.
La mesa de retribuciones es el órgano previsto por la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Aunque se debe convocar cada cinco años, desde su creación en 2003 no ha cumplido estos plazos.
Consideran inasumible la oferta
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, ha asegurado este lunes que la propuesta de 44,5 millones de euros planteada por el Gobierno para evitar la huelga indefinida de jueces y fiscales es insuficiente y «no es asumible». Así lo ha declarado a los medios a su llegada al Ministerio de Justicia para asistir a la reunión de la mesa de retribuciones.
La oferta, ha dicho Carbonero en nombre de la APM, «no es asumible (…) cuantitativamente ni cualitativamente por el trato que se realiza de unos órganos respecto de otros y de unos jueces respecto de otros», y ha recordado que hay una convocatoria de huelga a poco más de una semana.
Por ello, en la reunión de este lunes, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales expresarán «qué cosas se pueden mejorar» de la oferta que recibieron el miércoles, pues la propuesta de aumento salarial no termina de satisfacer del todo las necesidades el colectivo, que considera que «queda muy lejos», debido a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, han afirmado fuentes próximas a la negociación.
Si no hay acuerdo, se mantendrá la huelga
Las mismas fuentes han precisado que las posturas aún están alejadas y que la convocatoria de huelga, a menos que se presente otra oferta convincente, se mantendrá por ahora por parte de las asociaciones que la suscribieron.
Cabe recordar que el pasado miércoles el equipo de Llop entregó a jueces y fiscales una propuesta económica tras un primer contacto de casi cinco horas, en la que las asociaciones se mostraron «optimistas» de cara a un posible acuerdo, pero advirtieron de que aún no era «tiempo de satisfacciones» todavía.
Las fuentes consultadas han precisado que la oferta de unos 44 millones de euros es insuficiente, porque dicha cifra representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.
Asimismo, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.
Fuentes cercanas a la negociación han subrayado el carácter «afable» y «tranquilo» del primer encuentro y han indicado que esperan que la segunda reunión se desarrolle en el mismo tono.
De llegar al día 16 sin acuerdo, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera movilización a la que se enfrenta el departamento que dirige Llop, después de los dos meses de paros que llevaron a cabo los letrados a principios de año, y los que mantienen en la actualidad los funcionarios de la Administración de Justicia.
Reivindicaciones con el respaldo del CGPJ
La reunión de este lunes tendrá lugar ocho días antes de la fecha fijada para la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Aunque Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) indicaron que compartían el diagnóstico, desde un principio se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar «oportuno» esperar a la reunión del pasado miércoles. Hasta el momento no han se han sumado a la convocatoria.
La reivindicación de mejora salarial reclamada por cinco de las siete asociaciones cuenta con el respaldo del CGPJ, que antes de que se celebrara la primera reunión de la mesa de retribuciones designó a tres representantes para formar parte de las negociaciones para proponer actualizar los salarios de los jueces.
Así las cosas, tras el primer contacto de la semana pasada, queda pendiente que este lunes se retomen las negociaciones, previsiblemente, para rechazar la primera propuesta del Ministerio y buscar una segunda oferta.
Denuncian la diferencia de trato
Por otro lado, los letrados de la administración de Justicia, que consiguieron tras dos meses de huelga un aumento salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes, han amenazado con volver a movilizarse si se les deja fuera de alguna «mejora que aproveche a todos los demás cuerpos generales o especiales» de Justicia.
En una carta dirigida a la ministra Pilar Llop, denuncian la diferencia en el trato con los colectivos en conflicto y advierten de que reclamarán para ellos cualquier incremento salarial alcanzado con otros colectivos y que sea común a todos los cuerpos de la administración de Justicia.
Por su parte, los funcionarios han acusado al departamento que dirige Llop de «absoluto clasismo» en sus políticas de personal y retributivas: «Solo a una pequeña parte (de la administración de Justicia), precisamente la más privilegiada», se le reconocen sus funciones y se les retribuye por ellas, reprochó el representante de CCOO, Luis Calero, en una protesta frente al ministerio el pasado jueves
