El Gobierno ha dado el visto bueno a un impuesto para los envases de plástico no reutilizables que se fija en 0,45 euros el kilo.

El Consejo de ministros ha aprobado finalmente el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, con el objetivo de impulsar una economía circular, que incluye dos nuevos impuestos dirigidos a «prevenir» la generación de residuos, uno que gravará los plásticos de un solo uso y otro para los vertidos y la incineración.

Según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el proyecto de ley incluye nuevas obligaciones a los productores de cara a la información a los consumidores, aumenta los objetivos de reciclaje de distintos flujos de residuos de aquí a los próximos años e incorpora la obligación de recogida separada para diferentes restos municipales como el textil o los biorresiduos con un calendario de implantación.

La propuesta recoge las limitaciones europeas a los productos de plástico de un solo uso e incluye un nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables para «avanzar en la prevención», que se fija en 0,45 euros el kilo.

Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030 con respecto al mismo año. Los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

A partir del 1 de enero de 2023 quedará prohibida la distribución gratuita y se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta. La ley también introduce medidas para otros artículos de plástico no compostable no incluidos en la normativa comunitaria (artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción) para avanzar en su reducción y sustitución por productos de otros materiales.

Por otro lado, con la entrada en vigor de la norma, quedará prohibida la introducción en el mercado de otra serie de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable así como las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros.

El texto incluye también nuevos impuestos a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero, así como la obligación para las entidades locales en el plazo de 2 años de desarrollar una tasa o prestación patrimonial de carácter pública no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan.

La futura ley sustituirá a la actual ley de residuos y suelos contaminados de 2011 y transpone a la legislación española las últimas directivas de la Unión Europea en materia de residuos, del Paquete de Economía Circular y de la directiva de plásticos de un solo uso.

«Es una ley largamente esperada y actualiza una norma e incorpora la última legislación europea al ordenamiento. Con el texto, vamos a dar respuesta a uno de los mayores desafíos del medio ambiente para contribuir a la sostenibilidad y la salud humana», ha manifestado.

Durante su intervención, Montero ha calificado la futura ley como la «clave de bóveda» del paquete normativo en materia de economía circular y como «una de las reformas estructurales más relevantes incluidas en la componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ha presentado a la Comisión Europea»