El Gobierno de España busca impulsar su modelo de transición ecológica con la ayuda de los incentivos fiscales.
El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. Así lo anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de «según qué tipos de consumidores».
No obstante, posteriormente fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse al estudio de una serie de medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en ‘PPA’ (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables.
Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.
En su comparecencia, Ribera subrayó que el precio de la luz es un asunto «sensible e importante«, especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello.
Así, defendió que «sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estable«, como se demostró la semana pasada cuando la producción récord de la eólica llevó a España a marcar el precio del ‘pool’ más barato de Europa, por lo que aseguró que es «ineludible» transitar hacia «un mercado así».
Un menor recibo
Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica durante seis meses o la exención del ‘céntimo verde’ para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8 por ciento y el 16 por ciento en el precio medio mercado mayorista de la electricidad, el conocido como ‘pool’, y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVCP) de «alrededor del 4 por ciento«.
La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son «una solución definitiva» para un consumidor que quiere facturas «más predecibles y estables», pero sí que afirmó que representan «un alivio» con respecto a la situación anterior.
