El IVA al 21% para la sanidad y educación privadas es una medida que se encuentra en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.
Esta es una de las opciones que baraja el equipo encargado de elaborar el borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2021, formado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, que debaten la posibilidad de eliminar determinadas exenciones en el pago del IVA, como ocurre actualmente con la educación y la sanidad privadas.
Fuentes del Ejecutivo señalan que se han debatido y analizado «todas las medidas» del documento de la AIReF, que calculaba que el coste fiscal para de la exención del IVA a la educación y a la sanidad privadas era de 1.694 y 1.763 millones de euros, respectivamente.
En cambio, también advertía, en el caso de la educación, de que parte del alumnado que ahora cursa sus estudios en la privada pasaría al ámbito público al incrementarse el coste por la aplicación del IVA, lo que conllevaría para las arcas públicas un incremento del gasto de al menos 1.891 millones, es decir, 197 millones menos para las arcas del Estado.
En cuanto a la traslación de parte del consumo sanitario privado por servicios financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), y por ende por las arcas públicas, supondría alrededor de 2.145 millones de euros, con lo que el resultado de fijar un IVA del 21% a la educación y sanidad privadas podría conllevar una merma de alrededor de 380 millones de euros para las arcas públicas, según la AIReF.
De eliminarse finalmente esos beneficios fiscales a la educación y la sanidad privada, podrían verse afectados por la aplicación del IVA al 21% actividades privadas como las clínicas de salud, los colegios privados, los laboratorios las autoescuelas, los centros de formación y otras actividades similares.
En su informe, la AIReF cifraba el coste de los beneficios fiscales en diversos impuestos en 60.000 millones de euros (5 puntos del PIB), y apuntaba que dos terceras partes corresponden al IVA. En su análisis, analizaba 13 beneficios fiscales, con un coste de 35.000 millones, y proponía una revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos del IVA para mejorar su eficiencia distributiva.
En múltiples ocasiones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha referido a la intención de estudiar los actuales beneficios fiscales y ha sugerido la posibilidad de eliminar aquellos que se consideren que no cumplen ya su función inicial.
La semana pasada, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, avanzó que habría «muy pronto» un borrador de PGE y también «medidas de justicia social» como algunas orientadas a articular mayor carga fiscal a las rentas altas.
