Funcionamiento del nuevo sistema

Lo que se ha aprobado es una reforma en el sistema de cálculo de la tarifa regulada de electricidad que, como su nombre indica, está regulada por el Gobierno y regida por el mercado regulado de electricidad, donde el precio varía cada día en función de la oferta y la demanda y está influido por las oscilaciones del mercado mayorista.

Con la nueva modificación, el precio de la luz no solo dependerá de su cotización diaria, sino que también incorporará referencias del valor que tendrá a futuro, a tres meses y un año, con el fin de reducir así la exposición a la volatilidad que pueda surgir en determinadas situaciones.

Hasta ahora, la tarifa PVPC refleja un precio dinámico indexado -ligado- al mercado mayorista diario de electricidad, que también incluía el coste de su producción, los peajes y los cargos de comercialización.

Por tanto, la reforma incluye ese peso de los valores futuros en el cálculo, y el Gobierno lo hará de forma gradual: representarán el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026. Además, estas referencias de precios a futuros tendrán una cesta de productos con diferente horizonte temporal: el 10% correspondería al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual.

De este modo, la tarifa regulada pasa a ser una más «híbrida» que tendrá un componente variable y otro fijo, y este último cada vez va a ir ganando más peso de forma gradual, como explica a TVE Jorge Morales de Labra, experto energético y director de Próxima Energía.

Aunque este mecanismo añade estas referencias a futuros, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico apunta que se mantiene el diferencial diario, de modo que el precio de la luz seguirá variando en función de las horas diarias para fomentar un uso eficiente y aprovechar los tramos más baratos.

¿Cuándo entra en vigor?

Aunque se haya aprobado este martes, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, tal y como ha indicado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

¿Cómo afecta a mi factura?

En principio, no tendrá un impacto directo en la factura mensual: ni subirá ni bajará el precio, pero sí garantizará que sea más estable ante posibles episodios extraordinarios que puedan disparar los precios.

De hecho, el director de Próxima Energía asegura que a partir de enero de 2024, cuando se aplique esta reforma, la luz va a subir. «Pagaremos un precio peor del que habríamos pagado de no existir este componente fijo, pero a cambio tendremos más estabilidad«, indica el experto.

Esta reforma de la tarifa regulada busca reducir la volatilidad del precio eléctrico y, por tanto, reducir los picos en los precios y dar más estabilidad a la factura de los hogares y micropymes, sobre todo en circunstancias extraordinarias como la crisis energética a raíz de la guerra de Ucrania, que hizo que la luz alcanzara precios récord en marzo de 2022. De esta manera, es un mecanismo preventivo para evitar que se produzcan picos intensos en los precios si surgen crisis globales en un futuro.

¿Tengo que hacer algo para activarlo?

Como ha indicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, los consumidores no tendrán que hacer ninguna gestión para activarlo.

No obstante, para notar estos efectos, es preciso estar acogido a la tarifa PVPC. Para saber si se tiene esta modalidad, basta con mirar el apartado ‘datos del contrato’ en una factura. Debajo del nombre del titular y la dirección, hay un apartado llamado ‘tipo de contrato’ donde aparecerá ‘PVPC’ y ‘mercado regulado’. Además, si se dispone de bono social, también se especifica. Si no se encuentran estos datos, el contrato pertenece al mercado libre.

Para cambiarse a la tarifa regulada, el cliente deberá contactar con su operador y preguntar el procedimiento para hacerlo.

¿A quién beneficiará?

Este cambio afectará a los clientes que tengan contratada la tarifa regulada, es decir, aquellos que tengan una potencia contratada igual o menor a 10kW.

Según calcula el Gobierno, se trata de casi nueve millones de consumidores en España, lo que equivale a un 34% de usuarios domésticos. De ellos, alrededor de un millón y medio son consumidores vulnerables o vulnerables severos y están acogidos al bono social, que incluye rebajas entre el 40 y el 80% de la factura mensual.