La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) le exige al gobierno en funciones de Pedro Sánchez que cumpla con el compromiso patado de aumentar los salarios un 2% en enero del próximo año
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno en funciones la tramitación vía decreto de la subida salarial del 2% firmada en 2018 para el colectivo de funcionarios y espera que los partidos se comprometan con una subida salarial para recuperar hasta el 19,6% del poder adquisitivo perdido desde 2010.
Durante la presentación de la línea estrategia del sindicato para los próximos cuatro años, el presidente de CSIF, Miguel Borra, que se presenta a la reelección el próximo 10 de octubre durante el IX Congreso Nacional, ha asegurado que la Administración Pública se encuentra «paralizada» por los meses de incertidumbre política, por lo que los «2,5 millones de votos de empleados públicos y sus familias pueden ser determinantes».
Entre las medidas dentro de la hoja de ruta que plantea el colectivo, destaca la subida salarial para todos los funcionarios. «Nos congratulamos por las subidas salariales de los policías y los guardias civiles respecto a los Mossos, pero queremos que rija para todos los funcionarios públicos», además de reclamar 35 horas semanales para todas las administraciones públicas.
Asimismo, Borra espera que con el plan de rejuvenecimiento de la Administración, que plantea la jubilación voluntaria de empleados a partir de los 60 años y jubilación anticipada por coeficientes correctores para los trabajos «penosos», se genere una renovación de la plantilla de unas 300.000 personas. «El 42% de los empleados tiene más de 50 años, eso en algunos empleos, como los bomberos forestales o los albañiles, es inadmisible», ha denunciado Borra.
Además de la conciliación familiar, horarios flexibles, el teletrabajo y ayudas para fomentar el empleo de calidad, CSIF presentará ante los 470 delegados presentes en el Congreso una de las medidas más «polémicas»: que el director general sea elegido por concurso de méritos, no a «dedo», ya que, para el sindicato, se trata de un «puesto técnico, no político», así como un registro de asesores en las administraciones, dado que, en la actualidad, se desconocen sus funciones, su retribución y su titulación, «y los puestos no dejan de crecer».
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