La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha pronunciado este miércoles en favor de una reforma del mercado eléctrico europeo que evite que el elevado precio del gas marque el precio del kilovatio, al considerar que se trata de un sistema que no está adaptado a la «realidad de las renovables dominantes».
En el cierre de su debate con el Parlamento Europeo sobre la última cumbre comunitaria de la semana pasada en Bruselas, Von der Leyen ha apuntado que el gas, la fuente de energía más cara actualmente, «define todo el precio» en un sistema que «ya no funciona», ya que se diseñó «hace 20 años» cuando las fuentes renovables empezaban a entrar en el mix energético.
Sin embargo, las energías renovables son actualmente las fuentes «más eficientes y baratas», pero el gas más caro sigue definiendo el precio de la electricidad, ha lamentado la representante europea.
De un sistema «que ya no fuciona» a las energías renovables
«Este sistema de mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo, tenemos que adaptarlo a las nuevas realidades de las renovables dominantes. Esta es la tarea que tiene la Comisión ahora. No es trivial, es una reforma enorme. Nos llevará tiempo y tiene que estar bien pensado pero tenemos que dar un paso adelante para adaptar nuestro mercado de la electricidad a las condiciones modernas», ha explicado Von der Leyen. Su postura planteada este miércoles da un giro a la postura que ha mantenido la Comisión Europea desde hace un año.
Sin embargo, difiere con la postura de otras representantes, como la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, que en diciembre aseguró que «el actual modelo de precios es la mejor opción para los usuarios y negocios europeos».
La toma de posición de la presidenta del Ejecutivo comunitario tampoco coincide con la opinión expresada por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en un informe publicado el pasado mayo, donde defendía que el sistema actual funciona adecuadamente.
Una reforma impulsada por países del sur de Europa
España, junto a Francia, Italia, Grecia, Rum
España y Portugal, en concreto, consiguieron que los Estados miembros aceptaran la posibilidad de que se les permita una «excepción ibérica» para intervenir el mercado de la península limitando el precio del gas en el mercado mayorista, dado que constituyen una «isla» energética con gran penetración de energía de generación renovable.
Esa excepción prevista para un plazo de un año aún no ha entrado en funcionamiento, a expensas de que la Comisión dé su visto bueno a la propuesta aprobada ya por Madrid y Lisboa.
