La Comisión propone un sistema en el que se potencien los contratos a largo plazo entre empresas y eléctricas y se proteja a los usuarios con la subvención de partes de la factura si se rebasan ciertos límites.
El documento está sujeto a cambios antes de que Bruselas presente la versión definitiva, pero es el primer paso de una reforma promovida por la histórica crisis de precios de la energía, y en particular del gas y la electricidad, que la Unión Europea vivió durante el 2022.
Su principal objetivo es reducir la “influencia excesiva” de los combustibles fósiles en la formación de precios, especialmente del gas, y promover “el acceso a contratos y mercado a largo plazo”, que son “más estables”. No obstante, la propuesta no cuestiona el principio del sistema marginalista de asignación de precios en el mercado diario, que hace que la tecnología de generación más cara -generalmente el gas- fije el precio del resto de tipos de formas de producir electricidad, como hidráulica, nuclear o renovable.
En caso de que los precios energéticos vuelvan a descontrolarse, la Comisión permitirá que los países puedan subvencionar hasta el 80% del consumo de pymes y hogares. Al respecto, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado en Bruselas que «la reforma va en buena dirección», pero se queda corta con respecto al almacenamiento de energía para cuando no haya energía solar o viento, o con tener los ingresos regulados en el caso de las nucleares.
Contratos a largo plazo
Bruselas pone el foco en los llamados contratos de compraventa de energía (PPA, en inglés) entre generadores de electricidad y los grandes consumidores, que a juicio de la institución “pueden proteger de la volatilidad de precios, pero actualmente están disponibles para grandes consumidores de energía solamente en unos pocos Estados miembros”. Además de los PPA, el borrador también busca impulsar los contratos por diferencias bilaterales (CFD) dentro de su lógica de promover mercados a largo plazo.
En este tipo de relaciones contractuales, el comprador y el vendedor acuerdan un precio determinado y después liquidan únicamente la diferencia entre este y el precio de mercado, y el Estado ejerce de regulador central.
Proteger a los más vulnerables
Otro elemento de la reforma es que permitirá a los Estados miembros ofrecer precios regulados a pequeñas y medianas empresas en momentos de crisis, pero siempre de forma proporcionada para financiar un determinado nivel y de forma que no se creen incentivos para aumentar el consumo energético.
El borrador sí menciona, pero apenas desarrolla los mecanismos de capacidad, es decir, instalaciones que cobren por estar disponibles para generar electricidad cuando haya picos de demanda.
El texto de la Comisión prevé que los Estados miembros puedan promover estos sistemas conforme a las reglas actuales con “características adicionales” y también que se puedan “aplicar regímenes de apoyo a la flexibilidad consistentes en pagos por la capacidad disponible”.
Negociarlo entre los Veintisiete y aprobarlo antes de mayo de 2024
Cuando la Comisión haga pública la propuesta oficial, los Estados miembros tendrán que negociar una posición común entre los Veintisiete y el Parlamento tendrá que hacer lo propio entre los grupos para que, después, ambas instituciones puedan negociar la versión final de la reforma junto con la Comisión Europea.
El objetivo, en principio, es que la ley esté aprobada antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024, de modo que los países y la Eurocámara tendrían que acordar sus posiciones durante este primer semestre del año, bajo presidencia sueca del Consejo de la UE, y acometer la negociación final en el segundo semestre, bajo presidencia española.
España y Francia creen que debería completarse la reforma en un año
Son unos plazos muy justos para una reforma estructural que va más allá de los ajustes de emergencia implementados durante el último año para suavizar la crisis de precios de la energía, y Alemania se ha mostrado ya reticente a actuar rápido y en profundidad.
Berlín quiere contar con un amplio análisis de impacto antes de comprometerse, lo que retrasaría la reforma, por lo que plantea hacer algunos ajustes ahora y dejar la reestructuración de calado para después de las elecciones europeas, con un nuevo Parlamento y una nueva Comisión Europea.
Otros países, con España y Francia a la cabeza, creen que la reforma total debe estar completada en un año, línea que también sostiene la comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo.
Uno de los argumentos esgrimidos es que el alto precio de la energía hace a Europa menos competitiva que Estados Unidos, de forma que un nuevo diseño de mercado que envíe señales de que la electricidad en la UE irá bajando de precio con el tiempo y generará atractivo para la carrera tecnológica de la reindustrialización verde.
