El organismo, que comenzará a operar en 2021, estará asesorado por miembros de Naciones Unidas, OEA, Transparencia Internacional y el BID.
El Gobierno de Ecuador creará una comisión con expertos internacionales y asesoramiento de organismos especializados para la investigación de casos de corrupción registrados en el país en la última década.
El objetivo de la comisión, que realizará su trabajo hasta que concluya la gestión del presidente, Lenín Moreno, en 2021, será apoyar a las instituciones estatales en la detección, investigación y judicialización de actos de corrupción.
«Nuestro desafío como Ecuador (…) será constituir un grupo de expertos internacionales que nos permita luchar contra la impunidad. Creemos que la institucionalidad en los diez años pasados tuvo su debilitamiento por falta de autonomía e independencia», ha dicho el secretario Anticorrupción, Iván Granda.
Moreno, quien llegó al poder aupado por el expresidente Rafael Correa, ha señalado que entregó a la justicia del país más de 500 denuncias de posibles casos de corrupción. La comisión determinará los casos que se investigarán y, según Granda, serán aquellos «que hayan conmocionado a la sociedad y que hayan generado grandes perjuicios al Estado». También buscará reparación para el Estado.
Las autoridades ecuatorianas mantuvieron una primera reunión de trabajo con el cuerpo diplomático acreditado en el país para delinear los mecanismos de trabajo de la comisión, cuyo presupuesto aún no ha sido definido.
Ecuador será asesorado por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el Gobierno.
La justicia ecuatoriana mantiene abierta una investigación sobre la red de sobornos de la brasileña Odebrecht, en la que se dictó prisión para el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios del gobierno de Correa e investiga a exfuncionarios vinculados a cinco proyectos petroleros que han presentado fallas técnicas en su construcción.
La Fiscalía ecuatoriana impulsa varias investigaciones en contra de Correa por casos relacionados con los delitos de tráfico de influencias, fraude procesal y actos de odio, según medios locales, lo que ha sido calificado como «persecución política» por el exmandatario.