La Comisión Europa está ultimando la segunda parte del paquete de medias contra el cambio climático Fit for 55. 

Y una de las más llamativas es que quiere impulsar la eficiencia energética de edificios y viviendas a partir de 2030. Para ello, prohibirá que salgan en venta o en alquiler pisos con la calificación energética más baja, con el objetivo de presionar a los propietarios a que reformen el inmueble y lo hagan más eficiente. Esta segunda batería de medidas está prevista que se presente el 14 de diciembre.

De este modo, a partir de 2030, momento en que esta medida estará en vigor, no será posible vender o alquilar inmuebles con baja calificación energética. Los edificios públicos deberán contar con la calificación energética F para 2027 y a partir de 2030 con la letra E.

En cuanto a los edificios residenciales, casas y apartamentos deberán contar al menos con la calificación energética F a partir de enero de 2030 y la letra E a partir de 2033.
Los edificios históricos y los edificios religiosos quedarán excluidos de este rediseño obligatorio. ¿El propósito? El de reducir las emisiones de CO2.

La normativa tendrá consecuencias en el certificado de eficiencia energética que será de obligado cumplimiento para todas las propiedades, ya sea que se vayan a vender o alquilar o en caso de renovación del contrato de arrendamiento, por lo que aquellos que pretendan vender o alquilar una propiedad no serán capaz de hacerlo si la calificación energética es G, que es la más baja con la que se clasifican los inmuebles hasta la fecha.

Tendrá que llevarse la mano a la billetera y pagar (aún no se sabe si de tu propio bolsillo o con incentivos estatales o europeos) la necesaria remodelación de los edificios. A partir del 1 de enero de 2030, la propiedad debe contar con la letra F y a partir del 1 de enero de 2033 con la letra E.

Por el momento, se trata de una propuesta que sigue discutiéndose, con lo que tendremos que esperar una semana o más para ver qué forma tomará.

Además, otras medidas incluidas son la regulación para reducir las emisiones de metano y el impulso al hidrógeno con medidas similares a las del gas natural. En concreto obligará a separar las labores de distribución de la comercialización, al igual que pasa con el gas. Y también se quiere regular el hidrógeno, de tal manera que se aplicará un periodo transitorio hasta 2030 para que entre en vigor dicha regulación.

Otra medida del ejecutivo comunitario es facilitar la integración del hidrógeno y el biometano en el sistema gasista con descuentos en la tarifa, con el objetivo de reducir la cantidad de gas en el sistema de forma progresiva.

Y otra medida es trasponer los artículos de protección al consumidor de electricidad (principalmente consumidor industrial) en 2018 para el gas natural con obligaciones como contar con comparadores de precios, la posibilidad de cambiar de compañía en 24 horas y también para el hidrógeno.

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