La norma incluye la figura del “arrepentido”, donde las compañías tendrán una reducción en sus sanciones si ofrecen información sobre otros actos de corrupción.
Argentina aumentará la transparencia de su sector empresarial. La Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que establece un conjunto de sanciones contra empresas que cometan delitos de corrupción. La normativa llega a buen puerto después de que fuera aprobada por el Senado en septiembre.
La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establece un régimen de sanciones para compañías que cometan delitos contra la administración pública, lo que también ayudaría a combatir la corrupción en el Estado. Asimismo, la iniciativa establece la figura del «arrepentido» en el sector privado, lo que permitiría que empresas puedan reducir las sanciones si brindan información sobre actos de corrupción.
El proyecto de ley, que ha recibido 144 votos a favor, seis en contra y 31 abstenciones, será clave para “promover la ética empresarial y sancionar duramente a aquellas empresas que participen en actos corruptos», ha señalado en su cuenta de Twitter la secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Argentina, Laura Alonso.
La normativa estipula que las empresas involucradas en delitos contra la administración pública podrían recibir suspensiones para participar en licitaciones del Estado por hasta diez años.
El proyecto del Gobierno del presidente, Mauricio Macri, ya había sido aprobado por la Cámara Baja en julio. Sin embargo, fue modificado por el Senado y, tras su aprobación por la Cámara alta, debió ser votado nuevamente por los diputados. Una de las modificaciones a la normativa fue la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, incluida en el texto original.
La sanción, con los cambios realizados por la Cámara alta, se produce en el mismo año en que Argentina inhabilitó por un año a la constructora brasileña Odebrecht para participar en licitaciones de obras públicas, en medio de una investigación de un masivo escándalo de corrupción regional.
Hasta la aprobación del proyecto, en Argentina no existía una legislación que estableciera sanciones a empresas, un reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al país sudamericano, que busca ser incorporado al grupo.
