De acuerdo a los datos de la Secretaría General de Extranjería, el año pasado hubo un aumento del 22% en la expedición de ‘golden visa’ o ‘visados de oro’
España concedió el pasado año 8.061 permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios por motivos de inversión, los conocidos como ‘golden visa’ o ‘visados de oro’, y acumula ya más de 35.422 desde su puesta en marcha en 2013, a datos de febrero de 2020.
Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta registrada en el Congreso, recogida por Europa Press, al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, que había solicitado datos por el número de estos permisos facilitados, por año y nacionalidad.
Según la información remitida por la Secretaría General de Extranjería, los datos del pasado año reflejan un aumento del 22% respecto a los 6.576 ‘visados oro’ concedidos en 2018, en una evolución en constante crecimiento desde su aplicación por vez primera, a raíz de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización de 2013.
Si en 2013 se registraron 34 permisos al amparo de esta norma, los visados se dispararon hasta los 3.364 al año siguiente, aumentando sucesivamente hasta los 4.593 en 2015, los 5.445 en 2016, los 6.004 en 2017 y los 6.578 en 2018. Tras los 8.061 ‘visados oro’ concedidos el pasado año, se han registrado 1.345 permisos de residencia de este tipo en los dos primeros meses de este año.
Por tipología, dejando a un lado la concesión de los visados a familiares acogidos a estos permisos (un total de 3.530 permisos), la modalidad más recurrida para este visado el pasado año fue la de trabajadores «altamente cualificados» (1.650 permisos), seguida a la movilidad empresarial (1.361), la adquisición de inmuebles (681) y la investigación (576). Por inversiones de capital únicamente se concedieron 20 visados.
CHINA, INDIA, RUSIA Y EE.UU., PAÍSES CON MÁS ‘VISADOS’
Por países, y desde 2013, China continúa siendo el país con más número de personas que han recibido ‘golden visa’, con un total de 8.202 permisos, seguidos de India (3.169), Rusia (2.698), Estados Unidos (2.657), Brasil (2.283), México (1.691), Colombia (1.366), Argentina (1.066), y Venezuela (911).
Este tipo de visados se conceden a cambio de inversiones inmobiliarias de al menos medio millón de euros, contar con al menos de un millón de euros en depósitos, más de dos millones en bonos del Estado, ser considerados como profesionales altamente cualificados o trasladar a España una determinada empresa.
Alexandre Rangel, director del Grupo SIEspaña, confirma que se ha visto un gran incremento de ciudadanos mexicanos aplicando por la Golden Visa desde que AMLO llegó a la presidencia. Muchos de ellos buscan asegurar un plan B y España no les obliga a vivir un tiempo mínimo para mantener la residencia como es el caso de los Estados Unidos.
RENOVACIONES DE PERMISOS
Respecto a las renovaciones de visados por cinco años, la información detallada por la Unión de Grandes Empresas (UGE) revela un total de 21.095 visados de movilidad internacional emitidos desde 2013, 4.701 de los cuales fueron tramitados el pasado año.
China es de nuevo el país con más ciudadanos con este tipo de permisos renovados, con un total de 4.192 visados, seguido de México (1.808), Estados Unidos (1.669), Venezuela (1.299), Brasil (1.211), y Rusia (1.199).
UNIDAS PODEMOS, HOY EN EL GOBIERNO, PROPUSO PROHIBIRLOS
Cuestionados por organizaciones e instituciones internacionales ante el riesgo de propiciar delitos financieros y de evasión y elusión fiscal, Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, propuso el pasado año en una proposición no de ley registrada en el Congreso la derogación del capítulo relativo a estos visados de residencia para inversores.
Así, la entonces portavoz de En Comú, Lucía Martín, y el diputado de Podemos Rafa Mayoral reclamaron el fin de estos visados al suponer «la mercantilización de los derechos de ciudadanía, que se venden al mejor postor», ya que «las personas multimillonarias pueden acceder a ellos; las que no lo son, quedan relegadas al régimen general de extranjería», concluían.
Ambos criticaban que este tipo de visados «muestran cómo los derechos de ciudadanía no son vistos por el poder político como derechos inherentes a la condición humana, sino más bien como un instrumento útil para atraer a la inversión». «Es la diferencia entre legislar poniendo las personas (todas) en el centro o hacerlo en función de los intereses del sector bancario (es decir, de unos pocos)», aseveraban.
Grupo SIEspaña, la puerta de entrada del emprendedor latinoamericano a Europa
