El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal impulsado por el Ejecutivo.

Entre las medidas se establece la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas, o un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una «prioridad» del Ejecutivo porque «no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto».

Montero ha destacado que con el proyecto de la ley, remitido ya al Congreso, se pretende luchar contra el fraude fiscal, una actividad que genera «competitividad desleal» entre áreas de actividad económica y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos, e instaurar la «tolerancia cero» contra cualquier práctica fraudulenta, especialmente en el actual momento de crisis, ya que las prácticas irregulares suponen un «agravio» para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar.

Así, ha explicado que la norma incluye medidas de «gran calado» que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude «más avanzadas y complejas», que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.

La nueva norma, ha resaltado, intensifica la labor de la AEAT que el año pasado recaudó 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1%, tras haberse focalizado en los grandes patrimonios y las grandes multinacionales digitales. De hecho, Montero ha apuntado que en el último año cerrado la AEAT liquidó una deuda a grandes patrimonios por 608 millones más, un 75% más adicional que en 2018.

SOFTWARE DE DOBLE USO Y CRIPTOMONEDAS

De esta forma, la norma incluye medidas para combatir los nuevos modos de fraude asociados a las nuevas tecnologías y contra la erosión de las bases imponibles, así como para perseguir los comportamientos inadecuados de grandes empresas multinacionales y contra la planificación fiscal abusiva, una práctica que se aprovecha de la «complejidad» de algunas figuras fiscales que serán objetivo de revisión por el comité de expertos que el Gobierno creará.

En concreto, la norma fija la prohibición del denominado «software de doble uso» utilizado por grandes compañías para hacer una doble contabilidad con programas informáticos que permiten su manipulación, después de que en los últimos cinco años se han regularizado más de 1.500 millones de actuaciones contra este tipo de software.

El anteproyecto obliga a que los sistema informáticos de estos procesos contables se ajusten a criterios y requisitos que garantizan la accesibilidad a los registros y la trazabilidad, entre otros aspectos, al tiempo que se habilita la posibilidad de someterlo a certificación y se establece un régimen de sanción específico.

También incluye la prevención del fraude y el control de las criptomonedas, para que lo que se obliga a informar sobre saldos, titulares de monedas y operaciones que se realizan, ya sea adquisición, transmisión, cobro o pagos con este instrumentos, para tener información sobre la tenencia y las operaciones que se realizan con este tipo de monedas virtuales en territorio nacional y fuera de España si afecta a contribuyentes españoles.

LÍMITE A LOS PAGOS EN EFECTIVO Y PROHIBICIÓN DE AMNISTÍAS FISCALES

Otra de las principales medidas de la nueva norma es la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es «ir disminuyendo cuantías» para combatir la economía sumergida.

A su vez, se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior.

Igualmente, se recoge la prohibición de las amnistías fiscales, en línea con el acuerdo programático del Gobierno de coalición para eliminar el «beneficio» a incumplidores «como hicieron gobiernos pasados», al tiempo que se actualiza el concepto de ‘paraíso fiscal’ en línea con los criterios de la UE y la OCDE, lo que implica que territorios con baja o nula tributación se incorporarán como jurisdicciones no cooperantes, así como aquellos países que no realicen un intercambio de información efectiva.

UMBRAL DE 600.000 EUROS PARA LA LISTA DE MOROSOS

Se amplía también la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda y se incorporarán a la ‘lista de morosos’ a los deudores principales o responsables solidarios.

Por último, también se transpone la directiva europea sobre lucha contra el fraude fiscal en el marco del programa BEPS para que introducir elementos de transparencia y garantizar que las empresas que trasladen sus activos desde España a otro país tributen aquí por plusvalías que se generen o se mantengan latentes.

El conjunto de medidas podría generar en torno a 800 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable, según ha estimado Montero, quien ha resaltado que con la nueva ley se cumple con una de las obligaciones de la UE y supone un «hito» en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal en España.

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