Existe todo un negocio que se mueve alrededor de las oposiciones y que, en muchos casos, no cuentan con un control fiscal.

Las oposiciones son una de las puertas de entrada al empleo para millones de españoles. Cada año, los profesionales de todo el país dedican largos meses de esfuerzos y estudio con el único objetivo de lograr una plaza laboral estable dentro de la Administración del Estado y sus empresas. Sin embargo, existe todo un negocio que se mueve alrededor de las Ofertas Públicas de Empleo y que, en muchos casos, no cuentan con un control fiscal.

El principal intercambio comercial se encuentra, evidentemente, en la preparación. Aunque hay aspirantes que deciden organizarse por sí solos, la gran mayoría opta por inscribirse en una academia o por contratar los servicios de un preparador personal. Si bien en el primero el coste se reduce considerablemente para el candidato, no es igual al esfuerzo económico que requiere la presencia en las aulas de una academia.

Ahora bien, con los preparadores individuales inicia el ciclo de los negocios ‘clandestinos’ de las oposiciones. En la mayor parte de los casos, el pago se realiza en ‘negro’, sin ningún tipo de factura y sin ser declarado a la Renta. La situación irregular ha llevado a que, según han confirmado fuentes cercanas a IberoEconomía, exista un alto índice de fraudes y de preparadores que abandonan de un día para otro a sus estudiantes Una situación que temen denunciar por tratarse de un acuerdo entre particulares sin cumplir con las exigencias de la ley.

Otro negocio más moderno está creciendo con el desarrollo de las nuevas tecnologías. No sólo se trata de las academias digitales que permiten preparar una oposición desde cualquier parte de España, sino a una amplia oferta de aplicaciones móviles que se pueden descargar y que requieren de una inversión por parte de los candidatos.

Los más nostálgicos del papel, sin embargo, dedican importantes sumas de dinero en la adquisición de apuntes, libros, simulacros y cualquier documentación que le permita estar por encima de sus competidores y ser uno de los pocos escogidos por la Administración. No existe un registro exacto de cuánto dedican, pero sí un amplio margen que oscila entre los 200 euros a más de 2.000 euros, “según la calidad y exclusividad del material ofertado”, matizan.

Además del tráfico de apuntes, este profesor revela que también existe la posibilidad de encargar programaciones didácticas: «tú eliges de qué asignatura y de qué curso y te la hace a medida, conozco a uno que se la encargó y la compró, pero no tiene mucho sentido porque luego tienes que defenderla ante tribunal y es difícil defender algo que no has hecho tu».

La desesperación de los aspirantes hace que sea común que surjan personas que quieran sacar una rentabilidad económica. Por ejemplo, hay casos de funcionarios jubilados que se aseguran un retiro dorado dando clases en su casa. Es conocido en Palma el caso de una funcionaria retirada que tiene casi cien estudiantes a los que cobra 70 euros mensuales: 7.000 euros al mes de los que Hacienda no tiene constancia.