El país latinoamericano ha reformado su sistema migratorio para garantizar un acceso al país más seguro, transparente y moderno.

El cupo de visados otorgados en Chile a extranjeros en el proceso de regularización extraordinario promovido en abril de 2018 por el actual Gobierno alcanzó los 110.000, y hubo 12.250 personas rechazadas por haber ingresado sus documentos fuera de plazo.

Esto corresponde a un 70 por ciento del total de los 155.707 postulantes. A los que se inscribieron una vez cerrado el período, se les conmina a hacerlo a través de los canales habituales.

Tres meses tuvieron los ingresados al país antes del 8 de abril para poder normalizar su situación presentando su documentación y obtener una visa temporal con vigencia de un año.

La visa entregada surte efectos plenos si está estampada: el beneficiario cuenta con un distintivo en el pasaporte, lo cual le permite contar con un número de RUT (CIF) y beneficios públicos. Los estampados sumaban a noviembre pasado 32.448, representando un 20,8 por ciento del total; los sin estampar llegaban a los 50.169.

A estos últimos se les ha invitado a estampar sus pasaportes en una fecha indicada vía carta certificada, correo electrónico o mensaje de texto en el Departamento de Extranjería y Migración, para concluir satisfactoriamente con el procedimiento. La demora en hacerlo, explican los expertos, podría deberse a que aún no cuentan con su certificado de antecedentes penales emitido por sus naciones de origen o bien no disponen de los 90 dólares requeridos.

Para Chile, los que hayan conseguido acabar el trámite de estampado serán prioridad este 2019. La inmigración ordenada es fundamental para las autoridades, pues de esta manera pueden dar una solución más acorde a las necesidades demandadas.

Por nacionalidades, la mayor cifra de inmigrantes registrados corresponde a los venidos desde Haití (23.164), seguidos de venezolanos (20.904), peruanos (14.514), colombianos (10.108) y bolivianos (6.009).

Una ínfima minoría

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas (en su Informe sobre las migraciones en el mundo 2018), en 2015 se contabilizaban 244 millones de migrantes, lo que equivalía a un 3,3 por ciento de la población global. El reporte de la OIM señalaba que «este porcentaje representa una ínfima minoría de la población mundial, lo que significa que la permanencia en el país de nacimiento sigue siendo la norma».

Agregan que «la gran mayoría de las personas no cruzan una frontera cuando migran; es mucho más frecuente que migren dentro de su mismo país (según las estimaciones, en 2009 existían 740 millones de migrantes internos). Migrar en parte, sostiene la publicación, se relaciona «con sucesos significativos de carácter económico y geopolítico (como la crisis financiera mundial de 2008 y el actual conflicto en la República Árabe Siria), los factores subyacentes relacionados con el aumento de la conectividad probablemente contribuyan a mantener la tendencia».

Más allá del beneficio que reciben los llegados allí donde los acogen, la migración puede favorecer al Estado que les da cobijo en términos «económicos y de otra índole», dice la OIM. Así, la aportación de mano de obra ayuda al aumento del producto interno bruto (PIB). De hecho, pueden influir positivamente en la productividad laboral y el PIB per cápita. Se aporta como ejemplo el que estén más cualificados que los locales o si estas llegadas tienen repercusiones positivas para la innovación y acumulación de competencias.

Actualmente el Congreso chileno tramita el Proyecto de Ley de Productividad y Emprendimiento, el cual contiene entre otras propuestas cambiar la tasa máxima de contratación de expatriados, para empresas sobre 25 trabajadores, modificando el artículo 19 del Código del Trabajo. Esta propone pasar del actual límite de 15 por ciento a un 30 por ciento y que quede sin restricción para sectores con alta demanda de mano de obra, como el agro durante el verano. La presencia de esta moción en la proposición se debe a la relación entre migrantes, fuerza de trabajo y productividad aseguran los responsables de la iniciativa parlamentaria.

De acuerdo con un estudio del Banco Central de Chile sobre el mercado laboral publicado el pasado diciembre, la cifra de recursos humanos foráneos alcanzó en 2017 800.000 personas, es decir, un 8,8 por ciento del total nacional.