Miriam Jiménez, coordinadora de la Plataforma APPI, asegura que el aumento de plazas PIR está bien, pero que no es suficiente para satisfacer la demanda de los pacientes.
Los aspirantes al PIR contarán con seis plazas más que el año anterior. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que, para la actual convocatoria, la oferta será de 141 vacantes, un 4,4 por ciento más que en 2017. Para Miriam Jiménez, coordinadora de la Plataforma Atención Psicológica Pública e Integrada (APPI), “resulta evidentemente que mejora el número de plazas PIR que se ofertan, pero por supuesto que aún no son suficientes”, explica a IberoEconomía.
En este sentido, recuerda que “las listas de espera para psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) puede alcanzar entre los 6 y los 8 meses”. Una situación a la que se suma que “en la consulta, el tiempo que se puede dedicar a cada uno de los pacientes es muy bajo, lo que hace que sea más difícil ofrecer un tratamiento terapéutico más completo”. De ahí que la coordinadora de la Plataforma APPI esté convencida de que “la presencia del psicólogo clínico sigue siendo simbólica en el SNS”.
El poco protagonismo que se le otorga al psicólogo clínico no sólo ocurre en los hospitales o en los Centros de Salud Mental. “También tendría que existir una mayor presencia de los psicólogos clínicos en los Centros de Atención Primaria. En Madrid, por ejemplo, es una de las autonomías en las que se ha impulsado la medida, pero sólo hay una veintena de profesionales actualmente. Es un volumen que tendrá que ir en aumento”, puntualiza Jiménez.
Crecimiento a la par
Para Jiménez, la situación actual del psicólogo clínico imposibilita cubrir las necesidades sanitarias de la población, incluyendo aquellos trastornos mentales que, si bien no son tan graves como otros, se pueden cronificar En este sentido, ve necesario un incremento en el número de plazas PIR, así como “en la oferta de plazas para psicólogos clínicos adjuntos. No tiene ningún sentido llenar a los hospitales de residentes si posteriormente no podrán trabajar y atender a los pacientes”.