Antonio Revilla, fundador de Revilla Law Firm, explica los cambios migratorios que ha aplicado el país norteamericano para controlar y disuadir las solicitudes de asilo.
Estados Unidos aumenta los controles sobre las peticiones de asilo. “Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se ha modificado el sistema para reducir el plazo de tiempo entre la solicitud de asilo y la primera reunión con el oficial encargado de determinar si se cumple con las condiciones mínimas, o no, para ser otorgado”, apunta a IberoEconomía el fundador de Revilla Law Firm, Antonio Revilla.
Si tradicionalmente las personas que solicitaban el asilo esperaban entre tres y cinco años para tener la primera reunión con el oficial, ahora los plazos se han acortado a los dos o tres meses. “Los primeros en ser llamados son los que han presentado más recientemente su petición de asilo, con lo que Estados Unidos se garantiza que el proceso sea más ágil y, por lo tanto, tenga un mayor control sobre el volumen de solicitudes”, explica. Hasta la fecha, se estima que hay unos 300.000 casos de asilo aún sin resolver, en su mayoría de ciudadanos venezolanos.
El resultado de la reunión con el oficial migratorio no será definitiva para determinar si el asilo sea aprobado o no. “En caso de que el oficial considere que el caso no cuenta con el peso o las evidencias suficientes, enviará el expediente a un juez migratorio”, apunta el abogado norteamericano. En este momento, el solicitante del asilo tendrá que declarar ante el juez y un fiscal (en representación del Gobierno de Estados Unidos), un proceso en el que “sólo se suele otorgar el 30 por ciento de los casos que llegan a esta instancia, un porcentaje similar al que se registra en los encuentros con los oficiales migratorios”, puntualiza.
Para el 70 por ciento de las personas que, al no obtener el asilo, se les entrega una orden de deportación, aún queda una última oportunidad: apelar la sentencia. No obstante, no es común que la tercera instancia dicte algo contrario a los dos anteriores. A pesar de que cada caso cuenta con sus características y complejidades propias, el Revilla estima que un proceso de asilo hasta la orden final de deportación podrá tardar hasta unos cinco o seis años, la mitad del tiempo requerido antes.
Falta de asesoría
Con Venezuela y Centroamérica liderando el número de solicitudes de asilo para Estados Unidos, el fundador de Revilla Law Firm advierte que existe una mala asesoría en la gran mayoría de los casos. “Muchos se presentan ante el oficial o el juez argumentando cuál es la trágica situación que está atravesando su país. Sin embargo, esto no es suficiente al momento de solicitar un asilo, siendo necesario demostrar con evidencias alguna de las cinco circunstancias que legalizan el asilo”, explica.
“Hay casos de personas que afirman haber sido robadas en sus países y que solicitan un asilo por temor a la delincuencia. Ningún oficial o juez tomará este argumento como válido para otorgar el asilo”, matiza. No obstante, esto no equivale a un caso de ‘asilo frívolo’, aquel donde Estados Unidos puede sancionar al solicitante con la prohibición actual y futura al país, ya que ha presentado mentiras, pruebas falsas o manipuladas en su petición de asilo. “Son muy pocos los casos de ‘asilo frívolo’, aunque sí se han registrado algunos”.
Las presiones migratorias, en materia de asilo, buscan “disuadir a aquellas personas que, sin un caso real, utilizaban este canal como trampolín para permanecer en Estados Unidos y acceder por otros métodos a la residencia. De ahí que el Gobierno percibiera un abuso de la normativa y la esté ajustando a las nuevas necesidades y condiciones migratorias”.
