Los becarios están de celebración: su futuro estatuto está cada vez más cerca. El viernes se conoció que el Ministerio de Trabajo planea asegurarles una remuneración mínima y el disfrute de vacaciones y festivos, entre otros derechos. Una noticia que todos los jóvenes entrevistados han acogido con alegría y esperanza, pero, sobre todo, con un «ya era hora».
Ana, una estudiante del grado de Turismo que está en la búsqueda de sus segundas prácticas, conoce de primera mano la precaria situación que les ha hecho recibir con los brazos abiertos las promesas de mejoras. «Muchas empresas no te pagan y, aunque te digan que te están formando, ganan dinero contigo y se aprovechan de ti», cuenta
Cristina es una de esas becarias no remuneradas. Cursa el grado superior de Dietética y se forma en un hospital durante siete horas al día, unas 35 horas semanales. Sus labores son similares a las de las asalariadas, pero a ella no le cubren los gastos. Ni siquiera le dan el uniforme sanitario y los zapatos reglamentarios que «sí o sí» tiene que llevar. Ella y otras dos estudiantes trabajan incluso dos fines de semana al mes, un extra que, como el transporte, también queda sin compensación. «No me pagan absolutamente nada», insiste, pero necesita realizarlas para obtener el título.
Ahora, la joven espera que el estatuto de los becarios asegure sus derechos. Opina del mismo modo Ana, a quien su última entrevista para hacer unas prácticas como recepcionista en un hotel le dejó «en shock». Al llegar al establecimiento descubrió algo de lo que no avisaba la oferta: «Tenía que trabajar de lunes a domingo». Su cara cambió al instante. «Le pregunté que si entonces no libraría ningún día y me contestó que el mundo de la hostelería era así», narra. Al tratarse de prácticas extracurriculares, las no obligatorias para finalizar los estudios, las rechazó. Una suerte que no todos tienen.
Infravalorados, desmotivados y trabajando por falsas promesas
Andrés Hernández estudia Derecho y Ciencias Política en la Universidad de Valencia y está a punto de terminar sus prácticas curriculares en una consultora. Lleva allí desde febrero, al igual que otros diez becarios, y confiesa que la experiencia no ha sido como esperaba. Aunque sabía que no se ofrecía compensación económica, sí pensaba que le ayudaría a su formación. Sin embargo, se ha encontrado con tareas tediosas, mecánicas y repetitivas, -las que nadie quiere hacer-, que le han hecho sentirse infravalorado.
«La empresa no estaba preparada para formar a estudiantes. Lo que he aprendido ha sido por fuerza de hábitos y por conocimientos previos», explica. El joven sale de su formación sin tener «nada claro» las competencias que tendría un profesional con su titulación en el contexto laboral, sin ningún tipo de feedback y con cierta desmotivación. «En un mes voy a tener dos titulaciones, pero se me trata como si no tuviera ninguna», es como si las competencias adquiridas en cinco años «no valiesen de nada» durante esa formación, cuenta.
En algunos casos, la falta de aprendizaje no es a lo único a lo que se enfrentan los becarios. También se topan con «falsas promesas» sobre futuros contratos laborales. Muchas de las compañeras de Ana lo han vivido en primera persona: «Al principio el jefe les dice que están interesados en contratar a alguien y luego nada, no importa lo bien que trabajen», señala. A Cristina, por ejemplo, le han incitado a trabajar más horas de la cuenta prometiéndole un futuro contrato que todavía no sabe si llegará.
«Te prometen una cosa y cuando ya les has hecho el trabajo te dicen adiós», añade la estudiante de Turismo.
Los «afortunados» a veces cobran menos de tres euros la hora
Algunos «afortunados» como Carmen, que cursa Derecho, Ciencia Política y Gestión Pública, sí han logrado encontrar prácticas remuneradas. En su caso son extracurriculares, en la Oficina Verde de una Universidad. Hasta el 31 de julio, tiene garantizada una compensación económica por una beca de 300 euros al mes, una cifra que se le queda en unos 280 euros. Trabaja a media jornada y esta cantidad supone una ayuda de menos de tres euros la hora.
Tiene suerte, cuenta, porque le gusta lo que hace y siente que la formación es positiva, sin embargo, sabe que el «sueldo» dista de ser justo. «Estamos muy a gusto aquí, pero la realidad es que cobramos muy poco para el trabajo que desempeñamos», aqueja. En esta oficina todos son becarios y están bajo la supervisión de un profesor. Los estudiantes se encargan de la masa total del trabajo y el volumen del mismo hace sentir a Carmen «como si fuese la empleada de una oficina de viajes o una gestoría».
Pero aunque a veces tiene que quedarse más horas de la cuenta, ese tiempo luego se lo devuelven otro día. También tiene facilidades para faltar si están enfermos o llegar un poco más tarde si lo necesitan, algo que, por común que pueda sonar, no está a la orden del día. Sobre todo en las prácticas extracurriculares, según mencionan desde la organización juvenil RUGE-UGT.
El fraude de algunas prácticas extracurriculares
De acuerdo con el portavoz de RUGE-UGT, Eduardo Magaldi, la principal queja entre los estudiantes de prácticas curriculares suele ser que la empresa no es capaz de otorgarles una formación correspondiente a su titulación o que las tareas que realizan son demasiado automáticas y tediosas. Sin embargo, la situación más grave suele darse en algunas extracurriculares. «Es donde nos encontramos mayor fraude», apunta.
El uso de la figura del falso becario es más usual en este tipo de formación, controlada en menor medida por el centro educativo. Para Magaldi, son las que más daño están haciendo al modelo de prácticas de España. «Incorporan a jóvenes seis y 12 meses para efectuar el trabajo estructural de empresa», pero luego no se les ofrece ningún contrato, sino que el círculo comienza de nuevo con otros becarios.
También se utilizan las prácticas extracurriculares como una forma de «captación de talento» que RUGE califica de «abuso». Ofertan los periodos formativos a través de los centros de empleo de las universidades y otras instituciones con el objetivo de probar a diferentes jóvenes gratuitamente. «Si esa persona no les gusta, buscan a otra», explica. Pero para hacer esta evaluación les exigen obligaciones que no les corresponden, porque, como recuerda la asociación, «se están formando aún».
El decreto que regula las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios hasta el momento -aprobado en 2014- también especifica el carácter formativo que deben tener las prácticas. Unas actividades que en ningún caso podrán dar lugar a la sustitución de la prestación laboral «propia de puestos de trabajo». La realidad, no obstante, es distinta: «Conocemos muchas empresas en las que el 70% de la plantilla son becarios», dice el responsable de la juventud de UGT.
El plan del Gobierno para el estatuto y las peticiones de los becarios
El jueves, el Ministerio de Trabajo presentó su plan a la mesa de diálogo social que negocia el estatuto del becario. El proyecto incluye el respeto a festivos, una remuneración mínima para sufragar los gastos de desplazamiento o manutención y la prohibición del horario nocturno o a turnos. Asimismo, el Gobierno ha propuesto limitar el número de becarios según el tamaño de las empresas: las de hasta diez empleados podrían tener solo uno y las de entre 11 y 30 trabajadores podrían contar con dos.
Por su parte, los estudiantes han celebrado los avances, pero han hecho hincapié en la necesidad de garantías en cuanto a la calidad de la formación. En ese sentido, Andrés Hernández, que forma parte de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), reclama mecanismos para vigilar que las empresas cumplan los planes de formación. «Quiero tener la capacidad de denunciar», opina.
La alumna de Turismo, Ana, señala también la importancia de tener en cuenta el lugar de residencia del becario y la distancia con el centro al que acuda a realizar las prácticas a la hora de establecer la ayuda económica. Carmen, por otro lado, aboga por la obligatoriedad de dar de alta a los becarios en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Una propuesta a la que Magaldi añade la creación de un registro nacional de las prácticas, algo que ayudaría a hacer una evaluación y un control efectivo de las mismas.