El número de personas que ha solicitado que se le prohíba jugar online en 2021 en España ha aumentado un 13,64% respecto al año anterior, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

En total, 7.640 nuevas personas solicitaron el año pasado, motu proprio, ser inscritas en el registro de interdicciones del juego online. Esto supone que la cifra global de personas que ha pedido que se le prohíba acceder a juegos de azar a través de Internet fue de 63.646 en 2021, frente a las 56.006 de 2020.

Por CC.AA., es Islas Baleares es la que presenta el mayor incremento de autoprohibidos, pasando de 1.179 a 1.480 en un solo año, lo que implica una subida de un 25,53%. Le siguen la Región de Murcia, con un aumento del 22,44% (de 2.562 a 3.137 personas inscritas); Comunidad Valenciana, con un 22,21% (de 3.677 a 4.494); Navarra, con un 20,33% (de 531 a 639), y Castilla-La Mancha, con un 19,99% (de 2.791 a 3.349).

Tras ellas, se sitúan la Comunidad de Madrid, cuyo registro de autoexcluidos ha aumentado un 16,77%, La Rioja (15,56%), Cantabria (14,89%), País Vasco (14,80%), Cataluña (14,29%), Principado de Asturias (10,99%), Canarias (10,77%), Andalucía (10,09%) y Aragón (10,08%).

Menos significativos, aunque también destacables, son los incrementos de autoprohibidos registrados en comunidades como Castilla y León (9,48%), Galicia (9,38%) y Extremadura (7,97%), así como en las ciudades autónomas de Melilla (7,93%) y Ceuta (6,93%).

La inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a aquellos juegos online o presenciales sobre los que la administración pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador.

En el caso de que la inscripción se realice en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) de la DGOJ, la prohibición afectará al juego online y loterías, mientras que, si se hace en los registros de las CC.AA., se bloqueará el acceso presencial a aquellos juegos de azar y apuestas donde la respectiva normativa autonómica determina la necesidad de comprobar la inexistencia de inscripción.

Esta es la razón por la que el Ministerio de Consumo trabaja con los Gobiernos autonómicos en la firma de convenios de interconexión con el objetivo de mejorar la coordinación entre registros y, en consecuencia, avanzar en la lucha contra la ludopatía.

De esta manera, se evitarán situaciones como, por ejemplo, que una persona que esté en el registro de autoprohibidos de una CC.AA. pueda jugar en otro territorio.

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