En mí interés por profundizar sobre la respuesta política institucional de España en el impulso de la Economía Circular, quiero enfocarme en estas líneas a valorar el papel del municipio en la Estrategia Española de Economía Circular, así como también en las distintas Estrategias Regionales que he podido identificar en las siguiente comunidades autónomas: Aragón, Extremadura, Galicia, Navarra, Euskadi y Castilla y León, la Estrategia de Castilla y León; así como también sin ignorar la existencia en la Ley sobre economía circular que fue aprobada en Castilla-La Mancha.

Entendiendo la economía circular como un modelo que representa una alternativa para enfrentar el agotamiento tanto de los recursos del planeta, como del propio modelo económico, recordando que el propio Foro Económico Mundial ha abierto un debate en ese sentido en lo que han llamado el reseteo del capitalismo, me resulta interesante explorar cómo los Estados responden a esos desafíos y de esa forma en un artículo previo he registrado distintas Estrategias Regionales que han sido adoptadas por algunas Comunidades Autónomas en España; ahora, quiero enfocar la mirada en el papel del municipio en el diseño institucional creado en el marco del impulso hacia el modelo circular.

Debo partir por afirmar que el municipio, como una entidad local, es reconocido en la Estrategia Española de Economía Circular como gestor de aquellas actividades orientadas impulsar la economía circular; y por gestor, entendemos, que es quien detenta la responsabilidad de cuidar, participar y promover asuntos, acciones y/o administrar proyectos o recursos en nombre de terceros.

Ese reconocimiento al municipio como gestor, me lleva a recodar que el 2 de abril 2020 en ocasión de la crisis provocada por la Covid-19, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en una Declaración Institucional, destacó que las entidades locales, y entre ellas sin duda el Municipio, representan “una primera puerta de acceso a las peticiones de los vecinos y además, son los llamados a administrar y ejecutar la mayoría de las decisiones tomadas por otras Administraciones”.1

La coordinación nacional de la estrategia de economía circular recae en España en la Administración General del Estado, reconocida como la coordinadora de la actividad económica e impulsora del medio ambiente, y en esa labor, es acompañada por las Comunidades Autónomas a través de sus competencias de gestión; con este diseño institucional, debemos recordar que semanas atrás en un artículo que titulé en este blog como: La economía circular entre la visión central y autonómica2, cité a The Circular Lab, que planteó entre los escenarios futuros de la economía circular, el “todo programado” que supone el impulso centralizado desde el gobierno de la hoja de ruta para lograr la transición hacia la economía circular.

La Estrategia Española de Economía Circular, cuando desarrolla su gobernanza, reconoce que los municipios y demás entidades locales, podrán estar representados por la Federación Española de Municipios y Provincias en un Grupo de Trabajo de economía circular de la Comisión de Coordinación de Residuos3.

Una revisión a los documentos oficiales y públicos que están disponibles en las redes sociales, permiten revisar en las estrategias regionales adoptadas por algunas comunidades autónomas, permiten afirmar que hay una ausencia notoria de los municipios en los diseños de gobernanza en esas estrategias regionales.

Esa afirmación, que sin duda representa un tema de interesante debate político y jurídico, la he construido luego de revisar el material sobre las estrategias de economía circular de las comunidades autónomas de: Aragón, Extremadura, Galicia, Navarra, Euskadi y Castilla y León, incluyendo además a la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha.

En esos documentos, sólo la Estrategia de Castilla y León4, reconoce expresa y formalmente la participación en su diseño de gobernanza de la Federación Regional de Municipios y Provincias, por lo que nos plantea que la representación de la visión local está allí presente en ese modelo de gobernanza regional enfocado particularmente al desarrollo de la Estrategia también regional para impulsar la economía circular.

Por su parte, es oportuno señalar que en el caso de la Estrategia de Extremadura 20305, se hace referencia a la participación local, pero no se define cómo es la representación o participación de los municipios en esa Comisión Territorial, que es presentada como el órgano de participación a nivel territorial a los fines de la estrategia regional.

Para abordar integralmente el papel del municipio en la transición hacia el modelo de economía circular, también es fundamental, revisar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Base del Régimen Local, pues allí se pueden identificar aquellas áreas que son reconocidas como competencias propias del municipio y que les permitirá asumir un papel mucho más estratégico, pero por supuesto atendiendo al marco político institucional sectorial de esas materias en particular.

Me refiero a materias como residuos sólidos urbanos; movilidad; ferias, abastos, mercados e incluso en el tema del servicio del agua, que son reconocidas como competencias propias del Municipio según el artículo 7 de la Ley mencionada, y en consecuencias pueden diseñar políticas que se adecúen a su propia dinámica local, que permitan aprovechar estratégicamente la proximidad propia de los gobiernos locales con sus vecinos, para promover cambios de paradigmas en beneficio de un Planeta que advierte de sus recursos finitos y de una sociedad que reclama también por un modelo económico que responda efectivamente a los desafíos existentes y procure el mayor bienestar posible.

Por último y como conclusión, puedo decir que se reitera que los municipios tanto en la crisis por la Covid-19 como en el proceso para impulsar la transición hacia el modelo circular son reconocidos como actores indispensables y necesarios, por lo que el termino gestores resulta muy apropiado cuando las estrategias son nacionales o autonómicas, porque ello exige siempre su participación y cooperación, según sea el caso.

Pero creo, que esa condición de gestor debería complementarse con un papel mucho más estratégico en el que las autoridades municipales puedan tener un nivel de participación más efectivo e institucional con su visión local en la toma de decisiones, seguimiento y evaluación de las estrategias regionales.