La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, reconoce que es la oferta más grande desde 2008.
El Consejo de Ministros ha aprobado tres Reales Decretos sobre empleo público, que contemplan conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas, que sumadas a las 7.688 convocadas el pasado mes de abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado arrojan una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 plazas, «la mayor oferta de los últimos diez años», según ha destacado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De las 23.156 plazas aprobadas este viernes, 17.299 son de nuevo ingreso y promoción interna (11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna), 323 pertenecen a una oferta extraordinaria para atención a asilados y refugiados y 5.534 plazas corresponden a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y en Justicia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Batet ha destacado que la creación de empleo neto con esta oferta será de 1.909 nuevas plazas, un 58 por ciento más que la oferta del año pasado. «Es la mayor creación de empleo desde 2008″, ha destacado.
Batet ha explicado que la oferta de este año, además de atención a asilados y refugiados, se destinará a sectores prioritarios, como Seguridad Social y lucha contra el fraude, el refuerzo de la atención al ciudadano, la gestión de prestaciones por desempleo, seguridad y emergencias e Instituciones Penitenciarias, entre otras áreas.
«Iniciamos una senda de recuperación y de poner en valor lo público. Necesitamos recuperar a la Administración y a los empleados públicos como garantes de las personas necesitadas y necesitamos empleados públicos motivados», ha subrayado la ministra Batet. Por su parte, la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha señalado que «es hora de incrementar el empleo público».
Además de la oferta de empleo público, el Gobierno ha aprobado la normativa para suprimir la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012 a los empleados públicos que se encontraban en situación de incapacidad temporal.
Dicha reducción suponía un descuento del 50 por ciento de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un 25 por ciento entre el cuarto y hasta el vigésimo día, ambos inclusive. Con los cambios aprobados hoy, recuperan el 100 por cien.
