El principio de no intervención se desprende de otro proveniente del derecho internacional público como lo es el de la autodeterminación de los pueblos. Son los pueblos -no los gobernantes, como su nombre lo indica- los que tienen derecho a la autodeterminación. También sus gobiernos siempre y cuando emanen del pueblo y sean respetuosos de otros principios de naturaleza superior como el respeto a los derechos humanos.

Apegándose al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, a veces las naciones democráticas occidentales se abstuvieron de actuar en situaciones que de haberse atendido oportunamente hubiesen evitado tragedias que aún hoy en día abruman la conciencia de la humanidad. Un caso que inmediatamente salta a la memoria es el de Chamberlain tratando, inútilmente, de apaciguar a Hitler (“appeasement policy”) en nombre del no intervencionismo. Aquello irremediablemente condujo a la II Guerra Mundial donde murieron unas 60 millones de personas.

Pero el tema al cual me quiero referir hoy tiene más bien que ver con el envío del oro a Moscú. Fueron 510 toneladas de oro que fueron trasladadas a Rusia por decisión del gobierno para pagar deudas provenientes de la compra de armas a ese país y también para evitar que cayeran en manos de sus oponentes. A otros países también se enviaron cantidades sustanciales del precioso metal.

La tragedia que se desarrollaba en aquellos momentos resultó devastadora y quizá hubiera podido ser evitada si las democracias occidentales -EEUU, Gran Bretaña y Francia- hubiesen intervenido a tiempo. Pero aferradas  al principio de la autodeterminación de los pueblos no lo hicieron.

Como suele ocurrir, otras naciones sí intervinieron. Moscú lo hizo en favor de la República, en tanto que Hitler, Mussolini y Salazar (Portugal) lo hicieron en favor del bando franquista.

Para evitar malos entendidos debo aclarar que me estoy refiriendo al caso de la Guerra Civil española en 1936.

El episodio del traslado del oro a Moscú fue una decisión del gobierno de la II República, presidido por Francisco Largo Caballero, por iniciativa de su ministro de Hacienda, Juan Negrín, quien por cierto nunca rindió cuenta ante las Cortes de aquella operación.