Cuando la intolerancia política se impone, las libertades de expresión, información y participación se ven limitadas, restringidas o simplemente suspendidas a voluntad del régimen que controla el poder político en el momento.
En un artículo anterior abordé cómo Venezuela y Nicaragua han manipulado las instituciones para controlar la participación en los asuntos públicos; en ese contexto, una noticia de 20 de agosto permite conocer que en Nicaragua, la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro, decidió el cierre de 1.500 Organizaciones Sin Fines de Lucro y la confiscación de sus bienes.
El régimen de Nicaragua justifica la medida afirmando que las organizaciones afectadas no presentaron informes financieros de forma adecuada; por cierto, importante destacar que 678 de esas organizaciones que han perdido la personalidad jurídica eran del sector religioso1.
La intención de restringir la participación cívica, se complementa por parte de los regímenes que no comparten los valores democráticos, silenciando a los medios de comunicación, amedrentando y encarcelando a los periodistas, principalmente críticos, así como también, a dirigentes políticos, de manera que no sea posible la articulación política de cualquier iniciativa en defensa y reclamo por las libertades.
En estos tiempos donde la tecnología se ha convertido en la herramienta clave para la comunicación e información, los gobiernos han mostrado preocupación ante los efectos negativos de las redes sociales, que en casos como las protestas de Reino Unido durante el mes de agosto 2024; la toma del capitolio en USA en enero 20… y por supuesto los efectos en los niños y adolescentes les ha llevado a tomar medidas como prohibir uso de móviles y redes sociales en los centros escolares.
El internet y las redes sociales se han convertido en un poder real, con sus efectos positivos, pero también negativos que imponen nuevos desafíos a enfrentar tanto para gobiernos como para los padres y madres; precisamente como poder real, los regímenes que se alejan de los derechos humanos y de los valores democráticos también buscan medidas para controlarlos de forma tal que la libertad de expresión e información no encuentren por esas vías los espacios y la oportunidad de hacer oposición o simplemente expresar oposición
Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y algunos ciudadanos críticos a través de sus opiniones escritas, siempre han sido los más perseguidos, amedrentados y los más buscados para privarlos de libertad por los regímenes autoritarios y los medios de comunicación son los primeros que se ven cerrados o controlados para así lograr imponer un pensamiento único sostenido por el silencio de muchos.
Hoy por hoy cuando cualquier ciudadano con acceso a internet puede opinar, reclamar, divulgar información, convocar a protestas o acciones políticas pacíficas, sin duda alguna el ciudadano también entra en la lista de perseguidos, amedrentados y arrestados por los regímenes, independientemente si es militante político, defensor de derechos humanos o periodista. Una clara acción que es el resultado de un régimen que considera a sus ciudadanos como enemigos.
Nicaragua y Venezuela, dos países en los cuales el silencio se impone, las redes sociales se encuentran bajo la amenaza de bloqueo y la autocensura se hace presente por miedo, temor y por las dificultades de todo tipo para asumir el exilio como una salida.
Los medios silenciados y los periodistas al exilio
Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia de Nicaragua, para julio 2024 y desde las protestas iniciadas en ese país desde el 2018, al menos 263 periodistas se han visto obligados a salir del país2; y según la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, registró hasta finales del 2023 el cierre y confiscación de más de 54 medios de comunicación y 16 espacios informativos por orden del régimen nicaraguense.3
En el caso de Venezuela, son muchos los periodistas que se han ido del país, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, ha denunciado que hay más de 1.000 periodistas que han tomado el camino del exilio y hasta el año 2024, registran el cierre de 405 medios de comunicación..4
Sobre los periodistas en el exilio, oportuno mencionar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU5 en su 56 período de sesiones entre 18 de junio y 12 de julio 2024, presentó un Informe Periodistas en el exilio (A/HRC/56/53) en el cual destaca que tanto periodistas, como muchos defensores de los derechos humanos sufren persecución, violación de derechos humanos y se ven obligados a tomar el camino del exilio porque “están en primera línea en las iniciativas por exigir responsabilidades a quienes tienen poder, y por ello pagan un alto precio, tanto personal como profesionalmente. Además, agrega, que ellos son un recordatorio, por un lado, de la implacable embestida que sufren los derechos humanos en algunas partes del mundo y, por otro, del costo humano de la violencia y la represión.”
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), capítulo Venezuela, informó que entre el 29 de julio y 4 de agosto del 2024, luego del proceso electoral presidencial, se registraron 79 vulneraciones a la libertad de prensa durante la cobertura electoral y las manifestaciones postelectorales.
De estas, destaca el IPYS, 62 estuvieron directamente relacionadas con estos eventos, evidenciando un aumento en la represión y control sobre la información pública. La cobertura periodística se volvió más riesgosa debido a la represión y las acusaciones de altos funcionarios del gobierno contra la prensa independiente, calificando su trabajo como incitación al odio.
Las violaciones incluyeron 30 agresiones físicas o verbales, 18 discursos estigmatizantes, siete detenciones, siete casos de censura, siete restricciones en internet, seis restricciones administrativas, tres hostigamientos judiciales y una limitación en el acceso a la información.
En total, las violaciones afectaron a 44 reporteros, siete corresponsales extranjeros, tres camarógrafos, tres directivos de medios y una reportera gráfica, además de dos periodistas y dirigentes políticos, 11 enviados especiales extranjeros han sido deportados desde el 25 de julio.
La situación de represión y vulneración de la libertad de prensa ha sido tan crítica que ha llevado al relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, a condenar públicamente las detenciones de periodistas.6I
Los ciudadanos y las redes sociales
Un régimen que se aleja de los valores democráticos y asume que la ciudadanía que disiente es enemiga, como lo señalé previamente, incluye en su lista de perseguidos, amedrentados y encarcelados a ciudadanos cuando son críticos y protestan públicamente en contra del régimen reclamando libertades.
En tiempos pasados, cuando la comunicación se limitaba a la opinión escrita, publicación de panfletos o discursos en espacios públicos, sólo aquellos que se atrevían a ejercer la libertad de protestar y de expresarse eran perseguidos y si los encontraban terminaban privados de libertad.
Pero ahora, todos somos perseguidos, pues desde el móvil podemos expresar nuestras ideas a través de redes sociales o WhatsApp, de forma inmediata y masiva; o bien, sin movernos de donde estamos, podemos recibir y divulgar una cadena de mensajes que motiven la protesta pacífica, que convoque a una acción de reclamo por los derechos humanos, la libertad o el respeto a la voluntad popular, los regímenes no pueden permitirse o tolerar esas ventanas de libertades porque le temen a sus efectos impredecibles.
Restringir el internet, bloquear permanente o temporalmente las redes sociales en el país, controlar el contenido de los mensajes, incluyendo, a través de la revisión física de los móviles por parte de los funcionarios policiales, como ocurre en Venezuela, se convierten en prácticas comunes para los regímenes políticos que no comparten los valores democráticos.
Todo aquél que tenga un móvil se convierte en un “sujeto peligroso” o diría un “sospechoso” que en la dinámica autoritaria siempre buscarán argumentar tal situación en la teoria del odio, de la conspiración, del terrorismo, de traición a la patria, y cualquier otra que puedan justificar una narrativa política que quieren imponer.
En el caso de Venezuela, se hace cada vez más evidente, pues se observa en los comentarios de grupos de WhatsApp creado y administrados desde Venezuela, cómo sus usuarios han tomado medidas para evitar publicar comentarios críticos y si lo hacen, entonces borrarlos luego de leídos; pero además, se empieza a leer en muchos espacios virtuales, que cada vez más la gente empieza a sentir temor de salir a la calle con el móvil sin previamente haber limpiado todos los mensajes políticos de sus redes sociales, o empiezan a registrarse casos en los cuales el hecho de enviar un mensaje o de recibirlo les causa la privativa de libertad temporal o incluso, la perdida de trabajo.
Por cierto, en el año 2022, en Venezuela, ya se denunciaba que funcionarios de polícia e incluso militares, practicaban una revisión ilegal de equipos, principalmente a periodistas, reporteros, que también se extendían particulares, buscando que borraran material que hubieran grabado de algun evento político de protesta o que registrara alguna acción concreta. Entre los años 2020 y 2021, dice el reportaje del portal web RunRunes, se registraron 18 casos de confiscaciones ilegales y 13 episodios de amenazas o intentos violentos de revisión, con más de 20 reporteros afectados7.
Dos cuentas en la red social X denuncian el abuso de los cuerpos policiales al detener a personas, muchos de ellos jóvenes, por la información que tienen en sus redes sociales y además, como denuncia el usuario de X que se identifica como @PrakritiMaduro8, el 20 de agosto 2024, hay familias que han tenido que pagar hasta 750 dólares para que su hijo fuera liberado luego de ser arrestados por la información que tenían en sus redes sociales en contra del régimen de Maduro.
@PrakritiMaduro es categórica en demostrar que ya el miedo está presente y en consecuencia, nos dice que hay muchas personas que por vivir en Venezuela no se atreven a expresarse públicamente, teniendo mucho que contar; por esa razón, esa cuenta de X ha asumido la tarea de divulgar esas historias que no se cuentan y que no salen en titulares, porque han sido silenciadas por el miedo, el temor y la imposibilidad de salir de Venezuela.
En es mismo sentido, la defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, en su red social X también denuncia esa realidad sobre la privación de libertad por parte de los cuerpos de seguridad a cualquiera en la calle, revisando teléfonos, y llevándose secuestrado a quien tenga «algo» que diga que es opositor o si les provoca igual llevárselo. Denuncia en su mensaje, que luego de ser privados de libertad, a las familias le cobran entre 500$ hasta casos que me llegan de 10mil o 20 mil dólares, dependiendo de si el secuestrado tiene dinero, para soltarlo a las 48 horas.9
Esa realidad ha hecho que el móvil se haya convertido, en estos tiempos de dictadura, en una herramienta “peligrosa” en las calles de Venezuela, y complementan las políticas que el régimen Venezolano ha impuesto para silenciar la libre expresión y la libertad de información; acción ésta, que además, como denuncia Tamara Suju en su cuenta X, está resultando lucrativa para aliados del régimen.
Otras noticias, registran cómo la persecución a través de las instituciones del Estado se concretan con sentencias en contra de quienes toman la iniciativa de ejercer la libertad de expresión a través de redes sociales, en ese sentido, una noticia publicada en agosto 2024, informa que un Comando Nacional Antiextorisión y Secuestro 41, detuvo a 6 personas de nombres: Richard Jesús Hidalgo Ponce, Jhonatan José Novoa Niño, Emilse Mayerline Castellano Araiz, Jorge Luis Palmar Paz, Jairo José Abreu Palmare y Randy Javier Aguilar, a quienes se les acusa de utilizar la plataforma TikTok para compartir contenido que incitaban al odio y promovían la violencia.10
El 14 de abril 2024, Efecto Cocuyo11 informó que en un monitoreo realizado por ellos hasta la mañana de este viernes 12 de abril en Venezuela se registraban nueve personas presas por difundir mensajes en redes sociales como amenazas o compartir videos en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, agrega la nota de prensa que las detenciones van desde influencers, pasando por creadores de contenidos, militantes de partidos políticos y profesionales de diferentes ramas; y agrega que algunos de ellos enfrentan procesos judiciales en prisión, otros se encuentran con medidas cautelares sustitutivas de la libertad y en tres de los casos sus familiares desconocen el paradero.
Uno de los casos que hace referencia Efecto Cocuyo, es un creador de contenido de la plataforma Brolleros TV, acusado por grabar un video en el que consultó a los ciudadanos sobre la gestión de Nicolás Maduro, lo detuvo la Policía Nacional Bolivariana en la ciudad de Coro, estado Falcón el viernes 15 de marzo 2024. El Tribunal Segundo de Control de esa entidad del occidente venezolano, a cargo del juez Diego Pinto, dictó privativa de libertad por la presunta comisión del delito “instigación al odio».
Otro caso es el Ingeniero Carlos Salazar de 60 años, detenido por criticar en un video que se hizo viral a Alex Saab, lo apresaron el 5 de febrero en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, de donde lo trasladaron a la sede del Sebin en El Helicoide, en Caracas. Sus familiares supieron que se encontraba en la capital venezolana 20 días después de su aprehensión. 12
Si miramos hacia Nicaragua, la realidad no es muy distinta, allí entre los casos que he podido conocer sobre la persecución por expresarse a través de redes, me llamó la atención uno del año 2022, que tiene que ver con la condena a 11 años de cárcel: 6 por supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y 5 por presuntamente propagar noticias falsas a través de la tecnología de la información y comunicación, el acusado se llama Santos Camilo Bellorín Lira, quien es un hombre que trabaja el campo, y que en cuya casa no hay computadora u ordenador, no maneja redes y siempre usó un celular pequeño sin aplicaciones para uso de redes.
Las pruebas que lo inculparon fueron unos tuits y post compartidos desde unas supuestas cuentas de X y Facebook de Bellorin y los testigos fueron oficiales de las delegaciones situadas en Pueblo Nuevo, zona situada al norte de Nicaragua13.
El otro caso en Nicaragua es la condena por mas de 26 años de carcel a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Mataglapa por homilías, declaraciones de prensa y mensajes en redes sociales 14, el sacerdote fue condenado tras negarse a abordar el avión que un día antes, el 9 de febrero, deportó a Estados Unidos a 222 presos políticos excarcelados, confiscados y, como él, despojados de su nacionalidad nicaragüense. En un acto público horas después, Ortega lo llamó «arrogante” y «desquiciado” por rechazar la orden de destierro.
Cuando las leyes se usan contra los ciudadanos
Nicaragua y Venezuela, dos países que se unen a Cuba en esa dinámica de violentar los derechos humanos de sus ciudadanos y asfixiar toda libertad posible para expresarse, opinar, informarse y participar; por décadas el mundo se acostumbró a ver a Cuba bajo el régimen de Fidel, esperemos que en estos tiempos no nos acostumbremos a ver a Nicaragua y Venezuela en esa dinámica.
Ambos países han venido preparándose con instrumentos legales para controlar el internet, las redes sociales y manipular políticamente la lucha contra el odio.
En el caso de Nicaragua hay una el tejido normativo que han creado exige revisión a la Ley Especial de Ciberdelito, del año 2020 calificada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal, y que fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y los Estados Unidos.
Fabian Medina, en su condición de jefe de información del diario La Prensa, en el 2020 afirmó que esa Ley era “una sentencia previa contra el periodismo. Hacer lo que hace un periodista en cualquier país del mundo ahora es un delito en Nicaragua con la vigencia de esta ley, pues deja en manos de la dictadura (de Ortega) determinar cuál información es verdadera y cuál causa zozobra”.15
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
El sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, son los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, alertó el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, para quienes la ley es como “un fusil apuntando a la cabeza” de los periodistas.
El Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió, además, que esa ley “le otorga un poder más amplio al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor) a fin de que puedan bloquear sitios de internet que las autoridades consideren peligrosos”.
La mencionada Ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
Pero también hay que mirar con detalle la propuesta de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes presentada en marzo 2024, que según la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia de Nicaragua, en su informe advierte que la misma pretende “facilitar la persecución de la ciudadanía al obligar a los diferentes entes que prestan servicios a dar información del contenido que visualizan y al mismo tiempo controlará los demás aspectos necesarios para que las empresas gocen de las libertades de producción y emisión de contenido”.
Los periodistas que han analizado esa Ley, destaca el Informe de la Fundación, advierten que con ella los medios se verán sometidos a la discreción del Gobierno para la renovación o no de las licencias para funcionar los medios que no son propagandísticos o que tuvieron participación o cobertura desde el inicio de la crisis socio política en Nicaragua.16
En el caso de Venezuela hay que valorar en el contexto de las limitaciones que quiere imponer al intenet, las redes sociales y en consecuencia a la libre expresión e información, la llamada Ley Constitucional contra el Odio, la Tolerancia y la Convivencia Pacífica, y la Ley conocida como “ley mordaza” que es concretamente la reforma de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, que con la reforma del 2010 se amplió su alcance al internet.
El informe de YPIS, nos dice que a partir del año 2006 la tendencia del gobierno venezolano a pretender controlar el flujo del contenido en la red comienza a ponerse de manifiesto tras la adopción de la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedias, que es aprobada sin una excesiva resistencia por cuanto afectaba únicamente a menores de edad en el uso de salas de internet o “cibercafés”, populares en el país durante la época. La ley restringía el acceso de niños y adolescentes a contenidos prohibidos, en una larga lista que abarcaba desde la incitación a la violencia hasta el consumo de bebidas alcohólicas.
Esta tendencia a la censura se vería posteriormente reforzada y profundizada en La Ley para la Prohibición de Videojuegos y Juguetes Bélicos de 2009, la reforma la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2010, y la llamada Ley contra el Odio de 2017, sin contar con la utilización de otras normativas en materia penal para castigar contenidos disidentes o incómodos bajo figuras como “traición a la patria” o “fomentar zozobra”.
No hay que olvidar, nos dice el Informe que la Asamblea Nacional reforma la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión del año 2004, que establecía categorías y prohibiciones de contenido en medios tradicionales, para extender su cobertura a lo que denomina “medios electrónicos”, si bien no define qué características se requieren para definir a un “medio”.
El Informe YPIS advierte que esa ambigua redacción y la ausencia de definiciones con respecto a lo que puede ser considerado “zozobra”, “desconocimiento a las autoridades” o “incitación al odio”, por ejemplo, deja abierta la puerta a una amplia libertad de interpretación por parte de las autoridades, que puede ser, y de hecho ha sido, usada para suprimir el discurso disidente y silenciar las libertades políticas.
Importante no olvidar que en el 2013 se bloquearon más de 300 páginas web que contenían información sobre el mercado negro de intercambio de divisas y ya para el año 2010 habían dos personas detenidas por mensajes en redes sociales, específicamente a través de tweets, por mensajes que hacian eco de rumores sobre una corrida bancaria, ello en el marco de la Ley General de Bancos y en tal sentido el informe cita el artículo 448 de la mencionada Ley, apropiado para entender la situación:
Artículo 448.Las personas naturales o jurídicas que difundan noticias falsas o empleen otros medios fraudulentos capaces de causar distorsiones al sistema bancario nacional que afecten las condiciones económicas del país, serán penados con prisión de nueve (9) a once (11) años.
En el 2010 las telecomunicaciones fueron declaradas de interés público, por lo tanto a partir de entonces el Estado tomó el control absoluto, una reforma que intentó revertir esa situación por parte de la Asamblea Nacional de mayoría opositora del 2015 no prosperó por el bloqueo a la Ley sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
Sobre la reforma a la Ley de de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2010, Fernando Egaña, ministro de Información con el ex presidente Rafael Caldera, advierte que la misma impone una censura mucho más “habilidosa”, según afirma , pues “permite el acceso general pero se restringen, limitan y criminalizan los contenidos y el libre intercambio de información ”.
Según Egaña, el gobierno podrá “bloquear aplicaciones, censurar la prensa digital, filtrar franjas de data, vigilar el tráfico cibernético, controlar políticamente a los proveedores, y también encausar selectivamente para intimidar genéricamente”.17
La reforma del 2010 responsabiliza a portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos sobre todo su contenido. Prohíbe de manera ambigua hablar mal de funcionarios públicos, atentar contra dictámenes del gobierno y el anonimato en la red.
El portal web Deia, destaca que en el marco de esa reforma el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, defendió esta ley alegando que hay portales de internet que incitan al odio o que difaman a su Gobierno sin que sean aplicadas sanciones. Y, además destacó, que mientras esto ocurre en Venezuela, en Estados Unidos se aprobaba ayer una ley sobre neutralidad en la red, que busca que todos los proveedores tengan los mismos derechos de acceso a internet.18
El texto legal del 2010 prevé que las redes de radio y televisión y la producción nacional audiovisual serán declarados «servicio de interés público», y que requerirán de la habilitación de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para operar.
Además de esos textos legales mencionados, se habla de un proyecto de Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, presentado a la Asamblea Nacional en abril 2024, y a través del cual, según la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se busca establecer «medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista».19
Rodríguez agregó que se incluirán mecanismos para prohibir la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan violencia como método de acción política, así como también, definirán sanciones que serán tanto administrativas como penales por incumplimiento a la mencionada propuesta de Ley. Una Ley que complementará la Ley contra el odio o tal vez, incluso la sustituya resolviendo así las dudas sobre la validez de aquella Ley.
Por último, también se habla de la aprobación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad en Venezuela, que será responsable de promover una red de vigilancia durante 24 horas de incidentes telemáticos» que ocurran en el país.
Por cierto, en el 2014 se habló y se promulgó una Ley y su Reglamento que creaba el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (conocido por sus siglas como CESPPA), con competencias en materia de inteligencia y espionaje. Entre otras cosas, el marco legal del CESPPA contempla la creación de una dirección de Estudios Tecnológicos y de Información, entre cuyas funciones se encuentra procesar y analizar la información proveniente de la web y analizar el comportamiento de las redes sociales. 20
El internet y las redes sociales como trincheras cívicas para la información, comunicación y ejercicio de la libertad de expresión, están bajo la mirada de las dictaduras porque saben que a través de ellas hay un espacio para que la libertad se abra espacio, como intenta hacerlo la intolerancia y no lo quieren, pero tampoco lo pueden permitir porque representa una amenaza para su sostenibilidad.
Lo interesante y es materia de otro artículo, es que también los gobiernos democráticos están buscando regularlas, pero sin asfixiar las libertades, pero en definitiva, están generando debates, mecanismos de control que permitan frenar los efectos negativos sobre la convivencia pacífica y la estabilidad democrática que se están experimentando en algunos casos concretos.
Carlos Romero Mendoza
@carome31
