Faltando apenas dos semanas para la juramentación de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, y coincidiendo con la celebración en el Congreso de la sesión para la certificación de Joe Biden como presidente electo, se realizó, el 6 de enero, la “marcha para salvar América”, patrocinada desde el mes de diciembre por el presidente en funciones Donald Trump.

Durante el acto, el presidente Trump, pidió a la muchedumbre en varias ocasiones, ir hasta el Congreso para “dar fuerzas” a los miembros del partido republicano que pudieran tener un momento de debilidad y pensaran aprobar la certificación de Biden, eliminando así, las intenciones de Trump de retrasar la certificación.

Después de finalizado el evento, los miles de personas que se encontraban en el monumento a Washington, escuchando el discurso del presidente Donald Trump, se dirigieron rumbo al Congreso y no sólo llegaron al Congreso, sino que irrumpieron de forma violenta en él, protagonizando uno de los episodios más perturbadores y condenables de la democracia en los últimos años. Estas acciones, no sólo obligaron a la suspensión -de forma momentánea- de la sesión de certificación de Joe Biden; sino que, además, causaron la muerte de cinco personas.

Ahora bien, ésta es sólo la mitad de la historia, ya que después de que se desarrollaran estos acontecimientos, las empresas Facebook, Instagram y Twitter suspendieron de forma indefinida las cuentas del presidente Trump -por lo menos hasta el veinte de enero, Twitter ya la restituyó-, basándose en el riesgo que suponía para la seguridad del país, que el presidente de la primera potencia mundial hiciera uso de sus plataformas de comunicación.

Esto provocó que miles de personas abandonaran tanto Twitter como Facebook y migraran a otras plataformas como por ejemplo Parler, que fue cancelada por Facebook, Google y dada de baja de los servidores de Amazon, dejando a esos miles de personas sin la libertad de escoger la plataforma que deseaban para expresarse.

Y es aquí, donde surge uno de los debates más complejos e interesantes de la política y la gobernabilidad en general, ¿qué debe preponderar, la libertad o la seguridad?

Ciertamente, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon y demás, tienen una cosa en común; que son empresas privadas, empresas que prestan un servicio y que, para poder disfrutar de ese servicio, los futuros usuarios deben aceptar una serie de condiciones, quedando luego, sujetos a esas reglas y condiciones so pena de ser dados de baja del servicio.

Hasta aquí todo bien, pero es cierto que estamos hablando en este caso de un derecho fundamental, uno de los pilares fundamentales de las democracias occidentales como lo es el derecho a la libertad de expresión, ¿son los administradores de estas empresas los responsables de establecer los límites entre la seguridad de un país y la libertad de las personas y por ende, actuar en consecuencia? Sobre todo, cuando hablamos de una persona como el presidente de la primera potencia mundial.

También es cierto, que estamos hablando de hechos particulares que enmarcan esta decisión, los hechos que se sucedieron en el Congreso; el sólo hecho de amenazar e irrumpir en el Congreso de un país es absolutamente condenable e injustificable.

El Congreso no sólo es el lugar donde se debaten y aprueban leyes y presupuestos, es el lugar que simboliza la base de la democracia misma, la base de la representatividad de todo un país, que debe ser sagrado para todos; un ataque a dicho recinto, no puede ampararse en una reivindicación de ninguna causa; por el contrario, es una amenaza  y un ataque a todo el sistema democrático del país en cuestión, es un asalto a los fundamentos de representación, diversidad y consenso en los que se basan todas las democracias del mundo, en especial, las occidentales; por lo tanto, el ataque a cualquier parlamento, es un ataque a la democracia como un todo.

Así pues, hay varias cuestiones que tratar aquí ¿fue el presidente Trump responsable de la violencia de los manifestantes que lo apoyan en el Capitolio? ¿Son los administradores de Facebook, Twitter y demás empresas árbitros objetivos y capacitados para dirimir lo que es y lo que no es, o lo que representa y no representa una amenaza para el país? ¿Se mantienen las cuentas de violadores de DDHH en varios países del mundo, pero se suspende la del presidente Trump?

Creo que en esta ocasión -como en varias- nos quedaremos con más preguntas que respuestas, ya que es un tema con demasiadas aristas que deben ser analizadas una por una.

Sobre ese equilibrio que creo debe haber entre libertad y seguridad, es responsabilidad de la justicia demarcar los límites y determinar las responsabilidades a las que haya lugar en este caso.

Al parecer, este ataque a la democracia ha sido -aparentemente- resistido por las instituciones de Estados Unidos, pero sólo hasta cierto punto, porque a mi parecer hay todavía varias cuestiones que deben ser aclaradas para garantizar la confianza en esas instituciones y en general, en la democracia.

Ante todo, se debe despejar cualquier duda sobre los resultados electorales para que los millones de seguidores del presidente Trump vean que no hubo ningún tipo de fraude y si lo hubiere, se deben tomar los correctivos necesarios ¿o ya sería muy tarde para eso?

Debe establecerse la responsabilidad política -si la hubiere- acerca de si los comentarios que el presidente Trump hizo a los asistentes a la manifestación frente a la Casa Blanca motivaron o llevaron a perpetrar el asalto y el ataque al Capitolio.

Se deben establecer las responsabilidades penales o de la índole que sea -si las hubiere- de las personas que cometieron los ataques violentos contra el Capitolio en el que cinco personas perdieron la vida, cuatro manifestantes y un policía, fueron cinco muertes que se pudieron evitar y por las que alguien o algunos deben responder.

Se debe establecer responsabilidad -si la hubiere- o por lo menos abrir el debate sobre si los responsables de empresas privadas pueden cercenar derechos fundamentales escudándose en sus criterios personales de lo que es la seguridad de una sociedad o el cumplimiento de las condiciones de prestación de servicios. ¿Cómo debe entenderse el ejercicio de un derecho fundamental dentro de la prestación de un servicio?

Efectivamente, hablamos de empresas privadas, pero ¿qué pasa cuando ese servicio es un derecho fundamental? lo mismo que el agua o la luz ¿quién garantiza el derecho de expresarse o de llegar a una cantidad de seguidores equis? ¿quién debe establecer los límites? ¿usted qué cree?

Ciertamente son más las preguntas que las respuestas, y en el caso de la disyuntiva entre libertad y seguridad, los límites deben ser puestos por aquellos que se supone deben regir y organizar a la sociedad. El debate sobre la actuación de Facebook y Twitter debe mantenerse abierto y generar acciones que lleven a garantizar la confianza en las empresas ya que las sanciones a unos sí y a otros no, sienta un precedente nada esperanzador sobre la fortaleza de las democracias modernas.

Lo cierto es que al final debemos recordar que todo se reduce, sin importar el país o la situación, casi siempre al mismo punto de partida, la importancia de una educación y de unos valores democráticos que permeen la sociedad para que ésta, pueda tener un mayor grado de conocimientos, criterios y sentido común que le permitan enfrentar mejor el tremendo desafío que supone la elección de sus cargos de representación y de sus autoridades políticas.

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