En diciembre 2023, cuando luego de realizarse una Conferencia Sectorial de Educación, la ministra de educación de España, Pilar Alegría, anunciaba que el gobierno abordaría el tema, justo unos días antes, los medios destacaban la presentación de una propuesta para legislar sobre la materia, presentada por una profesora ante el Congreso de Diputados.

Llegó el momento de la reunión con el Consejo Escolar de Estado, en el cual se aprobó un primer informe sobre la restricción en el uso de los móviles en los centros escolares, previamente, en un artículo previo, hice referencia a esa reunión, en la cual parecía ser más una reunión del gobierno con el Consejo Escolar para presentar su propuesta sobre lectoescritura y matemáticas y se aprovechó para recibir un primer documento con las recomendaciones de este órgano consultivo.

Si bien los medios hablan que por unanimidad se aprobó la restricción, es importante destacar que esa unanimidad se dio en la Comisión Permanente del Consejo y que según uno de sus integrantes, al cual identifico en mí artículo anterior, lo que se aprobó fue un primer documento y aún estaba pendiente en ese momento, tres reuniones más para logar una conclusión final.

Esa realidad lleva a una pregunta ¿el Consejo Escolar presentó formalmente las recomendaciones o presentó un primer documento y aún falta las conclusiones?, para algunos esta pregunta puede no tener sentido, pero desde el punto de vista formal es necesario valorar si lo presentado es definitivo y se puede considerar informe final o no, pues si no lo es, aún no se ha cerrado el proceso de consulta previa al Consejo Escolar, al cual está obligado el gobierno por la materia.

Por otro lado, la ministra Pilar Alegría, también anunció también que se reuniría con las Comunidades autónomas a los fines de promover una reunión para la reflexión y el debate, procurando alcanzar soluciones y respuestas consensuadas y adecuadas (1).

La reunión se realizó el 31 de enero 2024 y esas aspiraciones no se lograron, a la reunión sólo asistieron las comunidades autónomas de Cataluña, Asturias y Navarra, los demás gobiernos autonómicos enviaron un representante y todos de distintos rangos; sólo el País Vasco no envío representación a esa reunión (2); por su parte, las regiones gobernadas por el PP, criticaron el mencionado encuentro destacando que el tema llegaba tarde y cuestionando al Ministerio de Educación por “ir a remolque”. (3)

La información oficial publicada el 31 de enero , no registra la asistencia a lo que calificó como una reunión de trabajo para “avanzar en la regulación del uso de los dispositivos móviles en centros educativos” (4), destacando que el tema responde a una preocupación social.

La ministra Pilar Alegría afirmó que la reunión se desarrolló en un buen clima y que la misma sirvió para poner de manifiesto la preocupación compartida por el Ministerio y las comunidades en esa materia (5), con esas palabras creo que se puede resumir el resultado obtenido del encuentro realizado el 31 de enero.

¿Es un tema de preocupación social?, pues desde mí percepción, limitada por supuesto a las redes sociales y al entorno escolar en mí familia, creo que en este momento, si bien se reconoce su importancia, así como también, que hay aspectos que tal vez no se comparten totalmente, el tema que puso en agenda el Gobierno despertó interés o reacciones en contra significativas.

Pude comprobar directamente con padres de distintos centros escolares y de algunas regiones de España, que el tema no despertó interés porque ya conviven con esa medida en los colegios de sus respectivos hijos.

Pareciera que el gobierno avanzó en esa iniciativa sin una estrategia adecuada, pues era muy obvio, que en el marco de un modelo autonómico, con gobiernos que ya han avanzado con sus propias iniciativas en esta materia y que incluso, en algunas comunidades, se ha logrado evaluar el impacto de la medida, como ha sido en los gobiernos de Galicia y Castilla-La Mancha en el año 2022 (6).

Al revisar las respuestas institucionales a lo que llama el gobierno una preocupación social, puedo afirmar que las medidas adoptadas a nivel autonómico, están orientadas hacia un mismo fin común, no contradicen, es más, alimentaron esas primeras líneas que ha adoptado el Consejo Escolar del Estado.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con su narrativa y estrategia, deja en evidencia que llegaron tarde en abordar el tema en su agenda; más aún, si recordamos, que según información que he podido revisar, el tema se planteó en el 2018, por la ministra de educación de ese momento, Isabel Celaá, luego que Francia adoptara su política en esta materia (7), esa realidad en la que el Gobierno aborda un tema que ya previamente han sido desarrolladas por algunos gobiernos autonómicos, también ocurrió en otros temas como por ejemplo en materia de economía circular.

Para el momento en el cual se anunció la reunión con las Comunidades Autónomas, diciembre 2023 (8), habían 7 comunidades autónomas ya habían adoptado medidas en esa materia, a saber:  Castilla-La Mancha en el 2014; Galicia en el 2019, Madrid en el 2020 y Andalucía en el 2023, sobre ellas escribí en un artículo anterior.

Mención especial merce Castilla y León, pues la restricción de uso de móviles en los centros escolares, según información pública opera a través del Decreto 51/2007, de 17 mayo 2007 que regula los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y establece las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León , por lo tanto pareciera ser la primera en definir una medida para restringir el uso del móvil en los centros educativos.

Cuando profundizo en el texto del mencionado Decreto, sólo puedo encontrar una norma en la cual expresamente se califica la utilización inadecuada de aparatos electrónicos como una conducta contraria a las normas de convivencia del centro (artículo 37), y sin duda, se puede pensar que el termino «utilización inadecuada» es interpretada por los centros escolares y docentes para entonces regular el uso de los móviles.

Durante el mes de enero y antes de la reunión con la ministra Pilar Alegría, varias comunidades autónomas lograron adoptar la medida sobre la restricción del uso del móvil en el centro escolar, ellas fueron: Aragón, Castilla y León y Murcia.

En el caso de Aragón la medida fue adoptada mediante la Orden De La Consejera De Educación, Ciencia y Universidades por la que se dictan instrucciones referidas al uso de los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Aragón (9), publicada en el portal web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte el 23 de enero 2024.

Importante acotar, que esa medida se adopta, pero en la Orden no hay referencia alguna sobre la participación del Consejo Escolar de Aragón, que institucionalmente es creado como órgano consultivo.

Por su parte, en Murcia, también se adoptó en enero 2024, y en las distintas noticias sobre la adopción de la medida para restringir el uso de los móviles en los centros escolares, se hace referencia a que la misma está precedida por la presentación de un informe al Consejo Escolar integrado por 40 personas de distintos sectores, incluyendo el educativo, representación de Ampas y empresas tecnológicas, en el mismo se recomienda que el uso de dispositivos individuales no se recomiende antes de quinto de primaria, salvo excepciones justificadas pedagógicamente en el proyecto educativo (10).

El Consejo de Gobierno de Murcia, en su reunión del 21 de diciembre decidió que la medida entraría en vigencia a partir del 8 de enero 2024 y destacó que el uso inadecuado del dispositivo móvil en las aulas ya está tipificada como una falta recogida en el Decreto 16/2016, de 9 de marzo.(11)

Otra comunidad autónoma en adoptar la medida fue Cataluña, allí se aprobaron unas directrices el 30 de enero 2024 (12), que responden a las conclusiones del informe del Consejo de Educación de Cataluña emitidas en diciembre 2023 (13), y se destaca que la medida se aplicará a partir del año escolar 2024-2025.

También en Canarias, el Consejero de Educación anunció el 30 de enero que atendiendo las opiniones registradas a través del Consejo Escolar de Canarias, se decidió limitar el uso de los móviles en los centros educativos públicos no universitarios a un uso exclusivamente didáctico, guiado por los profesores (14), la medida se fundamenta en la Resolución de la Viceconsejería de educación por la que se dictan instrucciones para el uso de los teléfonos móviles en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (15), que entrñó en vigencia el viernes 2 de febrero 2024. (16)

Caso de mención especial merecen el País Vasco y Cantabria, pues allí mantienen la posición que la regulación sobre el uso de móviles recaerá sobre los colegios e institutos (17).

Han pasado varios días, febrero avanza y no hay ningún elemento que permita comprender el objetivo que perseguía el gobierno al tomar la iniciativa de promover la reunión con el Consejo Escolar del Estado y las Comunidades Autónomas para abordar este tema, pues luego del 31 de enero no hay información alguna que permita conocer si el gobierno dictará alguna medida en esta materia.

Podrán preguntarse; ¿Cuál debió ser entonces el camino para que el tema sirviera de referencia como experiencia en participación?, pues la respuesta es muy clara, el Consejo Escolar del Estado debió ser el conductor del proceso participativo, más aún, cuando en su diseño institucional, está prevista una instancia para la participación de las comunidades autónomas, a través de la Junta de Participación del Consejos Escolares Autonómicos.

Un informe o estudio de la mencionada Junta ha debido alimentar o complementar las conclusiones de la Comisión Permanente del Consejo a los fines de presentar una recomendación con visión integral de la realidad, entonces allí sin duda el consenso para que todas las respuestas sean coherentes, encuentra su espacio institucional diseñado a tal fin por el marco normativo.

Ahora bien, en relación exclusivamente al diálogo y debate con las Comunidades Autónomas, es muy acertada la opinión del viceconsejero de Educación de Canarias, cuando a tal fin sugiere la necesidad de una Conferencia Sectorial Educativa, es sin duda, esa Conferencia otro espacio institucional diseñado para legitimar cualquier medida que el gobierno desee adoptar en materia educativa o incluso para compartir las experiencias existentes (18).

Carlos Romero Mendoza.

@carome31