El 10 de septiembre el Congreso de España decidió no validar el Real Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, el polémico instrumento jurídico fue rechazado con 193 votos frente a 156 que expresaron estar a favor del Real Decreto, que principalmente son los diputados del PSOE y de Unidas Podemos.

Para algunos medios esa decisión representó una “revuelta” encabezada por 11 alcaldes de 9 partidos distintos, autores de un manifiesto que exigía una urgente reunión con la Ministra de Hacienda para renegociar el Acuerdo, solicitud de no prosperó; para otros, fue una “rebelión” impulsada por Pablo Casado, PP, y en la cual participaron más de 2.800 alcaldes.

Hay quien calificó el rechazo del Congreso como una demostración de “resistencia” de una treintena de alcaldes de 13 partidos, que escenificaron una verdadera “revolución en la política de bloques y trincheras que domina España.”

Independientemente de cómo se califique la campaña ejercida por varios alcaldes españoles para influir en la decisión del Congreso, todos coinciden en el hecho que tal decisión fue una derrota para el Gobierno, anunciada porque desde que se aprobó el Real Decreto la polémica le acompañó y lejos de cohesionar a los municipios los dividió.

Lo cierto es que un Real Decreto que supuestamente fue el resultado del acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda, no prosperó y en consecuencia, los Municipios siguen sin poder utilizar los ahorros que han acumulado desde el 2012.

Digo supuestamente, porque es importante recordar que si bien es cierto el Acuerdo y el Real Decreto fueron firmados el 4 de agosto 2020 y desarrollaban la política sobre los remanentes, no es menos cierto, que que una lectura rigurosa a ese instrumento jurídico publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de agosto 2020 permite afirmar que el mismo no expresa en ninguna de sus líneas alguna referencia o algún reconocimiento al Acuerdo suscrito entre el Gobierno y la FEMP.

Es más, el Real Decreto a diferencia del Acuerdo firmado, reconocía el préstamo al Gobierno central por parte de los ayuntamientos por un plazo de hasta 15 años, cuando lo acordado había sido 10 años, este es uno de los elementos que permiten debatir sobre la relación entre el Real Decreto y el Acuerdo.

Para la ministra de Hacienda, María de Jesús Montero, el PP buscó la confrontación, el frenetismo, derribar al Gobierno y de cualquier oportunidad para desgastar al Gobierno utilizando a los Alcaldes.

Así mismo, Abel Caballero, presidente de la FEMP, denunció la influencia del antimunicipalismo del PP en esa decisión del Congreso.

Para Pablo Casado, PP, la decisión fue una victoria del municipalismo y es importante en el análisis que se quiera hacer de las razones para no validar el Real Decreto, que en el rechazo no participó sólo el PP, también se unieron el PNV, ERC, JxCat, Bildu, BNG, Compromís, Partido Regigonalista de Cantabria, Nueva Canaria, y ani Coalición Canaria.

¿Y ahora qué?, pues la ministra de Hacienda, que en un principio había negado la posibilidad de un nuevo decreto, cambió el criterio y anunció un nuevo instrumento jurídico que no incluirá el polémico tema del remanente.

¿Contribuyó este debate a enfrentar la incertidumbre que experimenta los ciudadanos frente a los efectos de la pandemia?.   Realmente no, en este debate los ciudadanos no fueron parte, y creo que incluso pocos tuvieron conocimiento de esta “revuelta”, “rebelión”, “resistencia” o “revolución”.

En este sentido, resulta importante recordar que el rebrote del coronavirus exige de medidas preventivas y de autoridades que lideren el manejo de la crisis, en un ambiente de confianza y con elementos que enfrenten la incertidumbre.

El ciudadano, ausente en este debate sobre los ahorros de su propio municipio, deben ser considerados parte de la estrategia de prevención, por lo tanto, planificación y recursos, adecuados a la realidad local, son dos piezas claves en la búsqueda de confianza y mayor certidumbre sobre el futuro mediato.

Hacienda suspende la regla del gasto y los ayuntamientos podrán usar su superávit